The Diplomat
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Caminando Fronteras pidieron ayer que se paralizara el traslado por una patrullera de la Guardia Civil de 168 migrantes a Senegal y que se les garantizara el acceso al proceso de solicitud de protección internacional.
Los 168 migrantes fueron conducidos en las últimas horas por la patrullera ‘Rio Tajo’ hasta Senegal, después de haberlos rescatado del mar y permanecido cuatro días frente a las costas de Nuadibu y tras negarse Mauritania a hacerse cargo de ellos.
CEAR reclamó que se garantizara el Convenio Europeo de Derechos Humanos antes de trasladarlas y devolverlas a Senegal «para no incurrir en una posible vulneración de la legislación internacional, ya que podría ser considerada una posible devolución colectiva».
Recordó CEAR que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dicta que estas personas tienen derecho a ser informadas por personal capacitado con el apoyo de intérpretes y asesores legales, y puso énfasis en garantizar que no se devuelva a personas a países donde sus derechos y sus vidas puedan correr peligro, subrayando la importancia del acceso a procedimientos individualizados.
CEAR indicó que entre los rescatados podría haber personas necesitadas de recibir protección internacional por lo que pidió a la Guardia Civil que lo tenga en cuenta a la hora de informarles debidamente, registrar su solicitud en caso de que sea necesario y trasladarlas a España para que puedan formalizar la petición ante las autoridades competentes.
La organización alertó de que en estos momentos en Senegal «no se garantizan los derechos a gran parte de su población» por la creciente inestabilidad que vive el país, y afirmó que lo sucedido es «un nuevo ejemplo del riesgo que entraña para la cooperación al desarrollo y los derechos los acuerdos condicionados al control migratorio o a la externalización de fronteras.
Por su parte, la fundadora de Caminando Fronteras y activista por los derechos humanos, Helena Maleno, se preguntó en declaraciones a Europa Press: «¿Quién va a garantizar, cuando estas personas vuelvan a Senegal, su protección y quién garantiza que sea respetado el derecho al asilo y que no van a sufrir tratos inhumanos y degradantes cuando sean devueltos?».
Desde el Ministerio del Interior respondieron a esas demandas reclamando “rigor y seriedad”, y pidiendo que no se lancen “mensajes irresponsables que pueden poner en peligro la vida de los rescatados».
Mientras, la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL reclamó investigar en las comisiones parlamentarias de Interior y de Exteriores en el Congreso la negativa de Mauritania a acoger la patrullera del Instituto Armado con los 168 migrantes a bordo.
JUCIL califica de «desastre migratorio” lo sucedido a bordo de la ‘Río Tajo» y criticó la «escasa implicación observada en los grupos políticos españoles para encontrar una solución al problema generado.
«Además del motín, controlado por los compañeros mediante el uso de disparos al aire de armas largas, nos preocupa la situación higiénica y sanitaria de estos trabajadores, que también son trabajadores españoles, aunque no parezca interesar su situación a ningún ministerio, ni el de Trabajo», dijo el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal.
