<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Primero en la Mesa del Congreso y después en el Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez empieza este mismo lunes a poner todas sus fuerzas e influencias al servicio de sus aliados independentistas catalanes para garantizarse la permanencia en el poder.</strong></h4> <strong>Socialistas y comunistas otorgarán este lunes rango y subvenciones de grupo parlamentario a los dos partidos separatistas</strong> que no pasaron del 1,8 por ciento de los votos en las elecciones generales. Y mientras fuerzan el reglamento del Congreso,<strong> ya negocian la amnistía que exige el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont</strong> para que, nombrada de otra manera, pueda pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Alberto Núñez Feijóo hace valer su corta victoria en los comicios con <strong>peticiones de reunión</strong> a los demás partidos para preparar su sesión de investidura del 26 de septiembre, al mismo tiempo que el<strong> PSOE y Sumar</strong> (la coalición que aglutina a la extrema izquierda encabezada por Yolanda Díaz) <strong>se afanan en incorporar a Junts per Catalunya</strong> (la formación de Puigdemont) <strong>al frente autodenominado "progresista".</strong> La coalición gubernamental saliente necesita los siete diputados obtenidos por Junts para que Sánchez pueda sacar adelante su propia investidura en octubre después de que Feijóo fracase en su primer intento, que es lo más previsible y lo que en el Gobierno en funciones insisten en dar por hecho. <strong>La primera factura</strong> para que el dirigente socialista se gane ese apoyo será abonada en la Mesa del Congreso cuando ese órgano de gobierno del Parlamento <strong>dé hoy el visto bueno a la formación de dos grupos parlamentarios separatistas catalanes sin que ninguno cumpla los requisitos</strong> requeridos por el reglamento de la Cámara para ello. Ni ERC ni Junts llegan a los mínimos en número de escaños y porcentaje de votos establecidos en la normativa vigente para tener grupo parlamentario, pero el PSOE y Sumar les "prestarán" diputados en un enjuague con pocos precedentes que será sancionado por la Mesa del Congreso. Favor por favor, socialistas y comunistas tienen mayoría en la Mesa, aunque no la tengan en la Cámara, gracias al voto de todas las formaciones independentistas y nacionalistas, tan de izquierdas como ERC o Bildu, o de signo contrario como el PNV o Junts. Como resultado del cambalache,<strong> los siete diputados de Puigdemont y los siete de ERC, quedarán equiparados en tiempos de intervención en los debates, presencia en los órganos de la Cámara, subvenciones y propaganda electoral</strong> a los de los grupos que sí cumplen los requisitos. Con los porcentajes del 1,8 por ciento de los votos en el caso de Esquerra y el 1,6 en el caso de Junts alcanzados en las urnas, los separatistas catalanes tendrán el mismo rango parlamentario y medios que los partidos de ámbito nacional, entre el 32 por ciento como el PP o el 12 por ciento de Sumar. El PNV también tiene grupo propio, pero en su caso se cumple la norma de superar el 15 por ciento en las circunscripciones donde se presentó y en el conjunto de las tres del País Vasco llegó al 25 por ciento de los votos. La próxima factura de privilegios que<strong> Sánchez, y también Yolanda Díaz por su cuenta, negocian con los secesionistas catalanes</strong> afecta ya al marco constitucional y a la independencia de la Justicia: <strong>la impunidad para los delitos cometidos en la intentona separatista del 1 de octubre de 2017.</strong> Puigdemont exige una ley de amnistía tanto para él como para todos sus seguidores, incluidos los grupos de choque llamados CDR que se encargan de los disturbios callejeros. <strong>La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y, pese a que la amnistía va mucho más allá, en Sumar ya sostienen que sí tiene encaje constitucional.</strong> En el PSOE han dejado de reconocer que sería anticonstitucional, como siempre habían defendido, hasta que necesitaron para Sánchez los votos de Puigdemont. La prensa gubernamental prefiere hablar de <strong>medidas de "alivio penal"</strong> y el jefe del Ejecutivo en funciones olvida su antiguo criterio en contra para desviar al Tribunal Constitucional la cuestión. La actual composición del TC es toda una garantía para la continuidad del sanchismo, según recalcan desde el Gobierno de coalición al exaltar la clara mayoría "progresista" del tribunal de garantías. Ya hubo esa hegemonía teórica de miembros de tendencia izquierdista en épocas pasadas, pero nunca tantos miembros del mismo con vinculación tan directa con el jefe del Ejecutivo como hasta ahora. El Tribunal Constitucional está presidido por Cándido Conde-Pumpido, magistrado que ya sirvió como Fiscal General del Estado entre 2004 y 2011 al anterior gobierno socialista. Además, la clave de la mayoría "progresista" en el órgano de arbitraje <strong>se refuerza con el ingreso este mismo año del exministro de Justicia con Sánchez Juan Carlos Campo y de la ex directora general de Presidencia, también con Sánchez, Laura Díaz.</strong> Díaz suma en su historial el hecho de haber trabajado para la Generalitat catalana, precisamente en la reforma del estatuto de autonomía que tuvo que ser después enmendado por el TC por la manifiesta inconstitucionalidad del mismo. <strong>Conde-Pumpido, Campos y Díaz se ocuparán ahora de que el "alivio penal" que prepara Sánchez para Puigdemont no parezca una amnistía.</strong>
