<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El próximo 11 de septiembre se cumplen cincuenta años del golpe de Estado militar contra el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, que dio origen a la dictadura de Augusto Pinochet en un país que se había caracterizado por tener una de las democracias más estables en América Latina. Los hechos coincidieron en España con la recta final de la dictadura franquista, que reconoció de inmediato al nuevo régimen militar.</strong></h4> <strong>En contra de lo previsible, las relaciones entre la España franquista y el Chile de Salvador Allende, pese a sus evidentes diferencias ideológicas, fueron buenas</strong>. Como recuerda la estudiosa Cristina Luz García Gutiérrez, de la Universidad Autónoma de Madrid (“La reacción de España ante el golpe militar en Chile”, Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas. 2011), el Gobierno español había optado por priorizar las relaciones entre dos países amigos por encima del cariz ideológico, como ya había hecho con otros países de Iberoamérica. Un ejemplo claro fue la Cuba de Fidel Castro, un socio “preferente” para España en la región. Por otra parte, <strong>las noticias sobre Chile tuvieron mucho impacto en la opinión pública española y el bombardeo del Palacio de la Moneda</strong> (sede de la Presidencia) por parte de los golpistas no solo traía reminiscencias de un pasado que quería olvidarse en España, sino que se había dirigido contra un proyecto, el de la Unidad Popular (UP), que había sembrado muchas ilusiones en la cada vez más activa oposición a Franco. Por tanto, los sucesos de Chile adquirieron, inevitablemente, un cariz interno en España, donde la dictadura personalista de Franco estaba empezando a agonizar “al mismo ritmo que lo hacía la salud del dictador”, recuerda la citada autora. El Gobierno español ya contaba con indicios de que algo se estaba tramando en Chile gracias a las informaciones que, a lo largo del año anterior, había aportado la Embajada de España en Santiago sobre el deterioro de la convivencia en el país andino. No obstante, el golpe de Estado de Chile pilló con el pie cambiado al Gobierno del almirante Luis Carrero Blanco (a quien Franco había cedido la Presidencia del Ejecutivo en junio de ese año y al que solo le quedaban tres meses para ser asesinado por ETA) y permitió sacar a la luz la existencia de matices en el seno del propio franquismo. <h5><strong>Enrique Pérez Hernández</strong></h5> Por entonces, <strong>al frente de la Embajada de España en Santiago se encontraba Enrique Pérez Hernández, quien no solo había contribuido a las buenas relaciones entre España y Chile sino que afrontó personalmente las primeras horas del golpe de Estado acogiendo en la Embajada a un grupo de españoles a los que ayudó a salir del país.</strong> El caso más paradigmático fue el del valenciano <strong>Joan Garcés</strong>, que había sido consejero de Allende y cuyo asilo y posterior salida del país generaron un gran impacto mediático que los militares hicieron pagar posteriormente al embajador. Pérez Hernández fue cesado del cargo justamente dos meses después del golpe de Estado, probablemente a causa de las presiones chilenas. El propio embajador recordó posteriormente (en una carta al subsecretario de Asuntos Exteriores, Gabriel Fernández Valderrama, del 21 de septiembre de 1973) que uno de los momentos de mayor peligro para la Embajada se produjo cuando una patrulla militar, con un capitán y un teniente al mando, rodeó la residencia del embajador para preguntar si estaba asilado Joan Garcés, algo que Pérez Hernández negó. El embajador actuó como lo hizo por el convencimiento de que su labor era la de proteger a los nacionales de su país por encima de su ideología, pero conviene precisar que, a pesar de esta actuación y de sus buenas relaciones con Allende, <strong>el propio Enrique Pérez Hernández no disimuló en sus primeros despachos a Madrid su alegría por el nuevo cambio de rumbo en Chile, el cual, a su juicio, “había salvado a Chile del marxismo”.</strong> <h5><strong>La “Doctrina Estrada”</strong></h5> Inmediatamente después del triunfo del golpe de Estado, <strong>la Junta Militar solicitó al Gobierno de España, a través de la Embajada, una ayuda urgente consistente en plasma sanguíneo, antibióticos, vendas y alimentos infantiles</strong>. En respuesta a ello, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 22 toneladas, valorada en diez millones de pesetas -incluido el transporte aéreo-, que fue entregada a partes iguales a las Fuerzas Armadas y a Cáritas. Era tal el interés de España por ayudar a la Junta Militar que incluso se fletó un vuelo especial que permitió hacer llegar la ayuda a Chile el 22 de septiembre, solo once días después del golpe de Estado y a pesar de la suspensión del tráfico aéreo en el país. La llegada fue retrasmitida por Televisión Española. En todo caso, el mismo vuelo también sirvió para repatriar a España a cuatro personas asiladas en la Embajada (Joan Garcés, su hermano Vicent, el exministro chileno de Agricultura Ernesto Torrealba y el periodista científico español Luis Ángel Fernández Hermana). Por las mismas fechas, <strong>la Junta Militar anunciaba su intención de respetar “sus obligaciones internacionales” y, por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile rogaba a la Embajada de España “poner lo anterior en conocimiento de su Gobierno con el cual el de Chile desea mantener las mejores relaciones de amistad”.</strong> A partir de esta nota de la nueva dictadura chilena, y a propuesta de la Embajada de España en Santiago, prosigue García Gutiérrez, <strong>el Consejo de Ministros del 14 de septiembre (solo tres días después del golpe de Estado) optó por aplicar la llamada “Doctrina Estrada” en las relaciones internacionales, en función de la cual España no necesitaba realizar reconocimiento alguno del nuevo gobierno por considerar que las relaciones no habían quedado interrumpidas.</strong> “Es práctica inveterada en casos como el presente, de cambio de régimen, no formular reconocimiento explícito alguno por considerar que las relaciones no quedan interrumpidas”, escribió ese mismo día el embajador Pérez Hernández. <strong>Esta decisión, que suponía el reconocimiento del nuevo régimen, causó una excelente acogida en Pinochet, quien se lo agradeció personalmente al embajador en su primera entrevista.</strong> <h5><strong>Las noticias sobre la represión</strong></h5> No obstante, <strong>las noticias sobre las gravísimas violaciones de los derechos humanos perpetradas por las nuevas autoridades chilenas en Chile empezaron a remover las conciencias incluso en la España franquista. </strong>En un informe de la Subdirección General de Asuntos de Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, elaborada a partir de la información recogida por la Embajada en Santiago y que fue llevado al Consejo de Ministros del 21 de septiembre de 1973, se informaba de que <strong>“la represión de que son objeto los extremistas de izquierda es muy dura”</strong>. “Las ejecuciones se llevan a cabo sin previo juicio y alcanza no sólo a quienes son sorprendidos con las armas en la mano o efectuando resistencia, sino también a los saboteadores y jefes activistas políticos de la Unidad Popular”, proseguía el texto. A principios de octubre, el Ministerio de Exteriores siguió recopilando informaciones sobre la fuerte represión en Chile y <strong>el propio embajador informaba de que la situación estaba absolutamente controlada, pero “a punta de bayonetas y ametralladoras”.</strong> “La represión ha sido muy dura y continua, se calcula que el número de muertos es de unos 4.000, de los que la mitad lo han sido en combate (resistencia en las fábricas y barrios periféricos) y la otra mitad fusilados sin previo juicio”, señalaba Enrique Pérez Hernández, quien explicaba con todo detalle la aparición de cadáveres en las cunetas o en el río Mapocho. <strong>En estas circunstancias, la Embajada se sintió obligada a velar por la comunidad española en Chile</strong> y, de hecho, la mayoría de las notas diplomáticas de los meses de octubre a diciembre de 1973 entre la Embajada de España en Santiago y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile consistieron en solicitudes de salvoconductos para la salida de ciudadanos españoles o en peticiones de información sobre detenidos españoles. <strong>El primer caso de un español asesinado por la dictadura fue el del sacerdote Joan Alsina</strong>, asesor del Movimiento Obrero de Acción Católica y cuya muerte fue recogida por los diferentes despachos diplomáticos como parte de los daños colaterales de los primeros días, aunque no se presentó como un asesinato político. A partir del caso de Alsina, el embajador consiguió el compromiso del Ministerio chileno de Exteriores de remitir a los fiscales los casos relativos a los españoles para que no se pidiese la pena de muerte contra ellos, una promesa que, según la autora, fue “fácil de cumplir” porque los asesinatos y las desapariciones se produjeron “de forma clandestina y sin previo juicio”. Aparte, <strong>en la ya citada primera entrevista con Pinochet, el embajador de España manifestó al dictador que “la moderación y la clemencia podrían dar frutos positivos a corto y largo plazo”. En su respuesta, Pinochet le aseguró que “tendría especial cuidado agradeciéndole sinceramente sus observaciones”. </strong>
