Pedro González
Periodista
Nada le conmovió. Ni las casi 30 manifestaciones multitudinarias realizadas cada semana a lo largo de este año, ni la marcha a pie de decenas de miles de israelíes entre Tel Aviv y Jerusalén, ni la dura carta de los pilotos de combate amenazando con abandonar sus puestos, ni siquiera las advertencias tanto de la Casa Blanca como de gran parte de las comunidades judías de Estados Unidos. Todo fue finalmente inútil, incluida la visita del presidente Isaac Herzog a la habitación blindada del hospital Sheba, donde el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se recuperaba de la implantación de un marcapasos. La Knesset, el Parlamento de Israel votó la Ley de Razonabilidad, que marca la primera y decisiva etapa de la reforma del sistema judicial israelí, por 64 votos a 0, es decir con todos y cada uno de los sufragios de la actual coalición de Gobierno, y ninguno en contra porque la oposición en pleno decidió boicotear la votación no participando en ella, después de fracasar todos los intentos de negociación.
En esencia, esta primera reforma despoja al Tribunal Supremo israelí de la competencia de la que gozaba hasta ahora para respaldar o anular decisiones o nombramientos del Gobierno, en función de su “razonabilidad”, es decir de que tales actos fueran conformes a Derecho, en un país que carece de Constitución escrita. Era, pues, uno de los contrapesos fundamentales en la separación de poderes. Algo que ahora ha cancelado el Gobierno, según la primera y airada declaración del jefe de la oposición, el ex primer ministro Yair Lapid. “Esta no es una victoria de la coalición [de Gobierno] -subrayó- sino una derrota de la democracia israelí”.
No es obviamente el parecer del Likud ni desde luego el de los miembros más radicales del Gobierno que apoya a Netanyahu. Para el poderoso ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, “lo que hemos logrado después de muchos años de trabajo y esfuerzo es restablecer los equilibrios de poder, que fueron [inicialmente] violados hace treinta años por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak”.
El impulsor directo de la reforma judicial, el ministro de Justicia Yariv Levin, se manifestó con contención: “La ley aprobada es de suma importancia y no puedo expresar mayor y mejor deseo que el de que el pueblo lo entienda”.
De momento, una buena parte al menos del pueblo aún no lo entiende, ya que la fractura es evidente en Israel; apenas se aprobó la ley se intensificaron las manifestaciones de protesta con numerosos bloqueos de calles y carreteras. La científica Shikma Bressler, que se ha alzado con el liderazgo de las manifestaciones de protesta, califica de “legislación dictatorial” la aprobación de esta ley. Un calificativo que respaldan el grueso de los que han aguantado todos los fines de semana la creciente represión de la policía israelí. Lejos de amainar el nivel e intensidad de tales demostraciones, semana tras semana se han unido a ellas empresarios, ejecutivos de las prestigiosas empresas tecnológicas de Israel, así como escritores, profesores e intelectuales. Junto a ellos, lo que ha despertado mayor alarma ha sido el manifiesto firmado por más de 12.000 reservistas, entre ellos 540 pilotos de combate voluntarios, considerados decisivos en la defensa del país.
El mismo Yair Lapid ha revelado haber sostenido conversaciones con dirigentes del Shin Bet, que se encarga de la seguridad interior, y de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI ó IDF en sus siglas en inglés), conviniendo todos ellos en que “[Netanyahu] nos está llevando al desastre”. Asimismo, había advertido de que esta ley provocará “el fin del ejército del pueblo”, en referencia a las FDI, lo que significa también “reforzar a los enemigos de Israel causando un enorme daño a la seguridad de nuestro país”.
Tales proclamas, así como las lanzadas por el ex primer ministro y exgeneral Ehud Barak, o por el exministro de Defensa Benny Gantz, han sido despreciadas con su displicencia habitual por el actual ministro de la Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que aparece cada vez más como el nuevo hombre fuerte del Gobierno. Para él, la coalición de Gobierno no recibió mandato popular alguno para dulcificar el texto de la ley. Y deja claro que “es el Gobierno el que rige el Estado de Israel y no los que encabezan manifestaciones, sea Shikma Bressler o Ehud Barak”.
El país está en una verdadera efervescencia replanteándose cuestiones esenciales de su identidad. Aunque Ben-Gvir lo desprecie, los avisos de que “Israel va hacia una dictadura”, expresados por personalidades como Ehud Barak hacen que no pocos ciudadanos, jóvenes, sobre todo, se planteen no pocas cuestiones. Tienen, pues, Netanyahu y sus ministros no poco trabajo para responderles… satisfactoriamente.
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