<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Logroño acogió esta semana la Reunión Informal de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, celebrada en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE y en la que los responsables de ambas áreas abordaron las últimas reformas necesarias para concluir el Pacto sobre Migración y Asilo en esta misma legislatura europea, pese al evidente rechazo de Hungría y Polonia, y la creación de un equipo conjunto de investigación sobre los crímenes de Rusia en Ucrania.</strong></h4> <strong>Durante la jornada del jueves, los ministros del Interior debatieron sobre la necesidad de impulsar un Reglamento de Gestión de Crisis, la última pieza de la reforma migratoria que fijará los términos de los 27 para iniciar la negociación del Pacto Migratorio con el Parlamento Europeo.</strong> Antes del comienzo del Consejo, el ministro del Interior y presidente del Consejo de Ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró a la prensa que el objetivo de la Presidencia española es “cerrar antes de la finalización de este mes la postura del Consejo” sobre el Reglamento de Gestión de Crisis. <strong>El reglamento, que incluiría procedimientos administrativos de asilo y retorno más ágiles y un mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros de la UE y las regiones más afectadas</strong>, es “una herramienta absolutamente necesaria para hacer frente a situaciones extraordinarias, que hasta hace poco eran prácticamente desconocidas en la UE y que hoy sabemos que pueden afectar a cualquier Estado miembro”, declaró el ministro del Interior al término de la reunión, durante una rueda de prensa conjunta con la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. <strong>El objetivo de la Presidencia española es que se pueda cerrar el Pacto sobre Migración y Asilo antes del fin de que concluya la presente legislatura europea.</strong> “Estamos trabajando en ello y es nuestra prioridad”, declaró el ministro, quien hizo un llamamiento en favor del “esfuerzo, la flexibilidad y la generosidad de todos para afrontar con serenidad, sin caer en la precipitación y en las urgencias del calendario apretado, pero sin detenernos un solo minuto”, la conclusión de un pacto “necesario, irrenunciable y de gran trascendencia para el futuro de la Unión”. En todo caso, <strong>la reunión del jueves confirmó las reticencias de Hungría y Polonia contra el reparto solidario de migrantes en situaciones de crisis</strong>, como lo son las llegadas masivas. No obstante, tanto Grande-Marlaska como Ilva Johansson restaron importancia a la postura de esos dos países porque, recordaron, no es obligatoria la unanimidad para sacar adelante el pacto. Asimismo, coincidieron en que, después de ocho años de bloqueo para la renovación de la política migratoria, la UE se encuentra en estos momentos en una situación mejor porque hay “confianza entre los Estados miembros”. <h5><strong>Justicia en Ucrania</strong></h5> La jornada de ayer, la segunda del encuentro informal en Logroño, estuvo dedicada a <strong>los ministros de Justicia, quienes, entre otros asuntos, abordaron el apoyo judicial a Ucrania, según indicaron en la rueda de prensa conjunta la ministra de Justicia y anfitriona de la reunión, Pilar Llop, y el comisario de Justicia, Didier Reynders.</strong> Según el comisario, la UE debe colaborar en la rendición de cuentas de los autores de delitos de guerra en Ucrania y en la “atención real a las víctimas”, apoyando el trabajo de la oficina del Fiscal General de Ucrania y trabajando para garantizar apoyo psicológico especializado desde el Centro de Coordinación de las Víctimas. Asimismo, se mostró satisfecho por la labor de los Estados miembros de la UE tanto con sus actuaciones para llevar a “los perpetradores de crímenes internacionales ante la justicia” como con su “gran apoyo a las víctimas de esos crímenes". Por su parte, <strong>Pilar Llop aseguró que durante el encuentro “se ha puesto en valor la creación de un equipo conjunto de investigación”</strong> y advirtió de la necesidad de ser “implacables” con Rusia para que responda por los “daños” perpetrados en Ucrania. “El objetivo final siempre es proteger a las víctimas, no podemos obviar que se han producido traslados de más de 16.000 menores, niños y niñas a Rusia, dando lugar a una orden de detención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, añadió.
