Bruselas constata la incapacidad de España para renovar el CGPJ en plena Presidencia de la UE

Eduardo González La Comisión Europea ha vuelto a insistir en que España debe renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e “iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Magistratura”. Así figura en el cuarto Informe anual sobre el Estado de Derecho, emitido este pasado miércoles por la Comisión y que toma el pulso de la situación del Estado de Derecho en cada Estado miembro. En su anterior informe, publicado en julio de 2022, Bruselas instaba a España a renovar el CGPJ “con carácter prioritario” y a emprender la reforma “inmediata” del sistema de nombramiento de sus miembros “teniendo en cuenta las normas europeas”. Transcurrido un año desde aquel informe, el documento de 2023 advierte de que “la situación del Consejo del Poder Judicial plantea serias preocupaciones ya que, en primer lugar, el Consejo no ha sido renovado a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus magistrados miembros”. También indica que “la falta de renovación está repercutiendo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto, suscitando inquietud en relación con el número de asuntos juzgados por el Tribunal Supremo y su duración”. Asimismo, el informe recuerda “los compromisos adquiridos en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en relación con determinados aspectos del sistema de justicia” y, por ello, recomienda que España proceda a “la renovación del Consejo de la Magistratura con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Magistratura”. Las mismas recomendaciones de hace un año El informe no hace sino insistir en las mismas recomendaciones que, una y otra vez, ha emitido Bruselas respecto a este contencioso en el poder judicial español. Por ejemplo, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, volvió a pedir el pasado mes de mayo en Madrid, durante un acto presidido por el Rey y al que asistió la ministra de Justicia, Pilar Llop, que España aborde “la renovación del CGPJ como una cuestión prioritaria”, e inicie, “inmediatamente después, el proceso para adaptar la designación de sus jueces a los estándares europeos”. En ese mismo acto, el comisario advirtió de que “sería positivo implementar esta recomendación antes del inicio de la Presidencia española del Consejo de la UE en julio”. La Presidencia española comenzó el pasado sábado. Reynders también advirtió de que la Comisión mantiene un “enfoque dual” basado, por una parte, en el diálogo con el Estado afectado, algo que “desafortunadamente no siempre trae resultados”, y, por otra, en “acciones decisivas”. Entre estas segundas, prosiguió, figuran el lanzamiento de “procedimientos de infracción (como se hizo con Polonia en 2022)” y, “en último término, el recurso al Tribunal de Justicia de la UE”. Aparte, recordó, Bruselas cuenta con nuevos instrumentos para estos casos, como la condicionalidad de los fondos para los planes de recuperación, como hizo con Hungría también el año pasado. El CGPJ se mantiene en funciones desde diciembre de 2018 a causa de la incapacidad del PP y PSOE para llegar a un acuerdo que permita la renovación de las vocalías, una situación que, obviamente, se ha complicado aún más con la decisión del Gobierno de adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio, en plena Presidencia española de la UE. El bloqueo de la renovación del Consejo está impidiendo designar a magistrados en altos tribunales, como el Supremo. La postura de Bruselas choca con la del Partido Popular, que ha pedido que tanto la renovación del Consejo como la reforma del sistema se lleven a cabo a la vez. Los estándares europeos establecen que el poder político no debe intervenir en la elección de los vocales-jueces del Consejo. El CGPJ cuenta con doce vocales de origen judicial (de un total de veinte) que son elegidos, en última instancia, por el Congreso y el Senado. La Comisión ha insistido constantemente en la necesidad de que el Consejo esté compuesto, mayoritariamente, por jueces elegidos por jueces, frente a una minoría de miembros nombrados por el Parlamento y por los partidos políticos. Tanto en el primer informe de evaluación, de septiembre de 2020, como en el segundo, de julio de 2021, la Comisión pidió una “reforma estructural” del sistema de elección del CGPJ para que al menos el 50% de los vocales sean designados por los propios jueces, y no por el Parlamento (como ha ocurrido hasta ahora), “en línea con los estándares europeos”. El principal objetivo de Bruselas es que España cuente con un sistema “estable a largo plazo y resiliente contra presiones políticas después de unas elecciones”, porque, en palabras de la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, “después de las elecciones, algunas veces, los que han ganado creen que tienen el mandato de influir en el Poder Judicial, y es una equivocación”.

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