Sánchez escenifica en Bruselas el arranque de la quinta Presidencia española de la UE

Eduardo González El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó ayer su participación en el Consejo Europeo para escenificar el inicio de la quinta Presidencia española del Consejo de la UE, un semestre que, aseguró, estará marcado en buena parte por la guerra en Ucrania y que comenzará, precisamente, con un viaje del jefe del Ejecutivo a Kyiv para mostrar el apoyo español y europeo a este país. “Mañana empezamos la andadura de la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE”, declaró Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo. España toma el testigo de Suecia, prosiguió, “en un momento clave para el conjunto de la UE” y lo hace “con una enorme ambición para hacer frente a los desafíos que tiene la UE por delante y con la gratitud de quien asume su responsabilidad”. La Presidencia española ha anunciado cuatro grandes prioridades que han sido expuestas reiteradamente por el Gobierno a lo largo de las dos últimas semanas. Lo hizo el propio Pedro Sánchez el pasado 15 de junio, durante una rueda de prensa en Moncloa, y lo volvió a hacer este pasado jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante un encuentro con los embajadores de los Estados de la UE acreditados en España. Concretamente, estas cuatro grandes prioridades son la reindustrialización de Europa y la búsqueda de nuevas vías para superar la dependencia excesiva de terceros países en ámbitos como la energía, la salud, las tecnologías digitales y la alimentación a través de la autonomía estratégica abierta y la diversificación de las relaciones comerciales; la transición ecológica, incluida la reforma del mercado eléctrico para acelerar el despliegue de las renovables y reducir los precios de la electricidad; la consolidación del Pilar Social, con la introducción de unos “estándares mínimos y comunes de tributación empresarial en todos los Estados miembros”, la revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y la reforma de las reglas fiscales; y el refuerzo de la unidad europea, porque, “en un mundo de gigantes, la UE debe permanecer unida si queremos que sea un arquitecto del nuevo orden internacional”. Aparte, la Presidencia incluirá una de las grandes joyas de la Corona para el Gobierno español: la primera Cumbre UE-CELAC en ocho años, que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio. Elecciones En cualquier caso, el semestre español no solo será el último antes de las elecciones europeas de junio de 2024 (lo cual obligará a agilizar muchos asuntos pendientes, como el Pacto Migratorio), sino que estará marcado, inevitablemente, por la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales anticipadas para el 23 de julio, apenas tres semanas después de que España asuma la Presidencia. Teniendo en cuenta que la Constitución no establece plazos concretos entre la celebración de unas elecciones generales y la investidura del nuevo Gobierno y que tampoco existe un tiempo establecido sobre la duración de las negociaciones de investidura (salvo el plazo máximo de dos meses entre la primera votación de investidura y la formación del nuevo Gobierno), todo apunta a que tanto las negociaciones de investidura como la constitución del nuevo Gobierno condicionarán, muy probablemente, los tres primeros meses de la Presidencia, en los que el país anfitrión estará en manos de un Gobierno en funciones. A la espera de lo que pueda suceder, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (que ha acusado reiteradamente a Sánchez de no informarle sobre los detalles de la Presidencia), ya ha creado un grupo de trabajo para afrontar la Presidencia española de la UE en caso de que su partido gane las elecciones. El equipo reúne, entre otros, a cuatro antiguos miembros de los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy: los exministros de Asuntos Exteriores Ana Palacio y José Manuel García-Margallo, el exministro de Educación y exsecretario de Estado para la UE Íñigo Méndez de Vigo y el exministro de Agricultura y excomisario europeo Miguel Arias Cañete. Kyiv, Charles Michel y Colegio de Comisarios El primer gran acto de la Presidencia será el viaje que Pedro Sánchez efectuará hoy a Kyiv por invitación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. No obstante, en el plano institucional, el verdadero inicio del mandato de España tendrá lugar mañana con la reunión de trabajo que mantendrá Sánchez con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el complejo presidencial de Moncloa, que concluirá con una declaración conjunta. Posteriormente, el lunes se reunirá en Madrid el Colegio de Comisarios de la UE, presidido por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, siguiendo la tradición de los comisarios europeos de efectuar una visita al país que ejerce la Presidencia, al principio de cada mandato, para preparar la agenda y abordar las prioridades fijadas. El encuentro, que tendrá lugar en el Museo Colecciones Reales (junto a la catedral de La Almudena y el Palacio Real) y que concluirá con una rueda de prensa conjunta de Sánchez y Von der Leyen, estaba inicialmente previsto para el 7 de julio, pero finalmente se optó por adelantarlo para que no coincidiera con el inicio de la campaña electoral. La inauguración oficial de la Presidencia tendrá lugar el martes en Bruselas. Quinta Presidencia española El semestre que hoy comienza representa la quinta ocasión en que España ejerce la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, después de las de1989, 1995, 2002 y 2010. España se estrenó en la Presidencia del Consejo de la UE el 1 de enero de 1989, cuando la UE únicamente contaba con doce Estados miembros y sólo tres años después de la adhesión de España a las Comunidades Europeas (1986). En aquella ocasión, el anfitrión fue el Gobierno de Felipe González (PSOE). Uno de los principales logros de esta Presidencia fue la decisión, en la Cumbre de Madrid, de iniciar la primera fase de creación de la Unión Económica y Monetaria, paso fundamental que acabaría desembocando, doce años después, en el establecimiento de una moneda común. Además, fue lanzada la propuesta de la cohesión económica y social para compensar las deficiencias de los países más pobres en el mercado interior y que daría paso, posteriormente, a los Fondos de Cohesión. España volvió a presidir la UE el 1 de enero de 1995, poco después de la incorporación de Austria, Suecia y Finlandia. Durante aquella Presidencia, que coincidió con la recta final del Gobierno de Felipe González, se inició el proceso de reflexión que desembocó en la firma del Tratado de Ámsterdam en 1997 y se puso en funcionamiento -en siete Estados miembros, entre ellos España- el Espacio Schengen para la libre circulación de personas y mercancías, que actualmente está en vigor en 27 países. Fue también durante esa Presidencia cuando se decidió bautizar a la moneda única con el nombre de euro y se firmó la Declaración de Barcelona, origen de la Unión por el Mediterráneo. La tercera Presidencia española llegó el 1 de enero de 2002, durante la etapa del Gobierno de José María Aznar (PP). En aquel semestre se dio el visto bueno a la mayor ampliación del número de Estados miembros de la UE desde su creación, de 15 a 27. El arranque de aquella Presidencia coincidió, además, con la entrada en circulación del euro en doce países, incluida España. Una de las prioridades de aquella Presidencia, marcada por el recuerdo muy cercano de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, fue la lucha contra el terrorismo transnacional, a iniciativa de España. En aquel semestre se aprobó también la orden europea de detención y entrega, conocida como Euroorden. La cuarta y última Presidencia llegó el 1 de enero de 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y en plena crisis financiera internacional, una profunda recesión que afectó a todos los países de la Unión Europea y de la Zona Euro y que, obviamente, marcó al semestre español. Por ese motivo, España se fijó como objetivo impulsar la reactivación económica a través de un crecimiento sostenible y generador de empleo. Asimismo, a la Presidencia española la correspondió la aplicación de muchas de las disposiciones del Tratado de Lisboa, la última de las grandes reformas del derecho de la Unión Europea, que había entrado en vigor el 1 diciembre de 2009. Entre aquellas disposiciones destaca el desarrollo de una Política Exterior y de Seguridad Común.

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