The Diplomat in Spain

Luis Ayllón

La Junta Directiva de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) reclama al Gobierno la adopción de medidas de conciliación familiar que faciliten el trabajo de los funcionarios que prestan sus servicios en el exterior.

No es la primera vez que la ADE, que se integra en FEDECA (Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado) y que es la asociación mayoritaria entre los diplomáticos, hace esta reclamación, que ahora ha vuelto a poner sobre la mesa con motivo de la celebración la próxima semana en Madrid de la Conferencia Anual de la Asociación Europea de Familias del Servicio Exterior (EUFASA).

La conferencia, que agrupa a más de 20 asociaciones de familias del servicio exterior en distintos países europeos tendrá lugar los días 5 y 6 en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, organizada por la española Asociación de Familias de Diplomáticos y funcionarios del Servicio Exterior, en vísperas de que España asuma el 1 de julio la Presidencia rotatoria de la Unión Europea.

El objetivo de estas asociaciones es mejorar las condiciones de los cónyuges, parejas e hijos que acompañan a los funcionarios de países de la UE en sus destinos al exterior.

La ADE señala en su nota que, en la conferencia, quedará nuevamente patente que España presta una atención muy deficitaria a la situación de los familiares que acompañan a sus funcionarios al extranjero. Y añade que, siendo el cuarto país por PIB en Europa, el nuestro es de los miembros de la UE que menos recursos dedican a paliar los múltiples dificultades y desafíos a los que se enfrentan las parejas y los hijos de los funcionarios que deben realizar su trabajo fuera de España.

En concreto, afirma la nota que “uno de los aspectos más graves en este ámbito es la manifiesta insuficiencia de las ayudas a la escolarización de los hijos de los funcionarios españoles destinados en el exterior”. Y así, denuncia que la cuantía anual está sin actualizar desde hace más de 20 años y se encuentra muy por debajo de la media del coste de la educación por hijo en España.

“Habida cuenta del insuficiente importe de esta ayuda -manifiestan-, a muchos funcionarios no les resulta posible afrontar el elevado coste de la escolarización internacional a la que los funcionarios se ven forzosamente abocados, no por elección sino por la inexistencia de una red de colegios españoles en el exterior que garantice la imprescindible continuidad en su currículum académico”. “Por el contrario -añaden-, la mayoría de los servicios exteriores de otros países europeos y el propio Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE (que, no lo olvidemos, es sufragado con nuestros impuestos) asumen en su totalidad el coste de estos colegios, al entender acertadamente que la educación de sus hijos es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar en cualquier lugar”.

Según la ADE, otro problema acuciante son las trabas que existen en la actualidad para que los cónyuges o parejas de los funcionarios puedan desarrollar sus carreras profesionales en el exterior.  “Por un lado -explica la nota-, no se han adoptado medidas para ayudar a la promoción activa de oportunidades laborales para los cónyuges, incumpliendo el mandato de la Ley del Servicio Exterior. Por otro lado, los Servicios Exteriores de otros países de nuestro entorno sí ofrecen a las parejas y cónyuges opciones de trabajo en el exterior. En el caso de España, por el contrario, los cónyuges y parejas de los funcionarios del Servicio Exterior ven sus carreras profesionales afectadas muy negativamente y, en la práctica, suelen trabajar para el Estado sin contraprestación alguna apoyando a los funcionarios destinados en el exterior”.

Asimismo, se queja la ADE de que, aquellas parejas que consiguen un contrato laboral con una empresa española en régimen de teletrabajo, no pueden ser beneficiarios de la póliza sanitaria que el Estado brinda a los funcionarios y sus familiares por el hecho de cotizar a la seguridad social española.  “Paradójicamente -dice-, tampoco pueden disfrutar de la prestación sanitaria que les correspondería derivada de su propia cotización, por encontrarse fuera del territorio español. De facto, se encuentran sin cobertura sanitaria efectiva en el extranjero, pese a sus cotizaciones, algo que sin lugar a dudas supone una anomalía impropia de un Estado de bienestar”.

La ADE asegura también que la inexistencia de una política de conciliación familiar, tiene consecuencias negativas directas para la Función Pública, porque funcionarios con familia no se plantean ir a determinados destinos. Por ello, entiende que el hecho de tener familia no debería penalizar las carreras profesionales de los diplomáticos y de los otros funcionarios del Servicio Exterior español.

Y recuerda que la Ley de Función Pública y otros instrumentos normativos de aplicación, deberían recoger también una dimensión exterior, siempre en consonancia con la Ley del Servicio Exterior y su correspondiente Reglamento de desarrollo.

“En otro orden de cosas -dice la nota-, España también destaca por ser prácticamente el único país de la UE que ha dejado de sufragar el coste de un viaje anual del funcionario y sus familiares a su país de origen, teniendo en cuenta que desde hace más de una década se mantiene la suspensión de la norma que contemplaba este derecho”. Y advierte de que ello dificulta enormemente, de manera especial a los funcionarios destinados en los países muy lejanos, “mantener los vínculos afectivos y familiares con su país, lo que produce un desarraigo especialmente perjudicial para los hijos de estos funcionarios”.

ADE se muestra convencida de que “una auténtica política de conciliación familiar, que incluya el refuerzo de las Unidades de Apoyo a las Familias en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no solamente beneficiaría a las personas que se desplazan con el funcionario, sino al funcionamiento del propio Servicio Exterior”. “Al mismo tiempo añade-, ello incentivaría la incorporación al Servicio Exterior de España de mujeres y hombres que, a día de hoy descartan esta opción profesional por la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar”.

“Una Administración que aspira a servir bien a los ciudadanos en un contexto globalizado -afirma el escrito- debe estar abierta al exterior e integrada por funcionarios –no solo diplomáticos- que dediquen una parte de sus carreras a defender nuestros intereses en distintas instancias internacionales en función de su competencia. Esas mujeres y hombres tienen a menudo pareja, hijos y responsabilidades familiares que no se ven interrumpidas porque sean destinados al extranjero.

“Por todo ello -concluye-, hacemos un llamamiento a los poderes públicos para que corrijan la actual situación apostando por una auténtica política de conciliación en el Servicio Exterior, que nos equipare con el resto de los países de la UE”.