AI y CEAR acusan a España y Marruecos de obstaculizar la verdad sobre la tragedia de Melilla

Eduardo González Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) acusaron ayer a las autoridades de España y de Marruecos de impedir el esclarecimiento de la muerte de 37 personas en la frontera de Melilla, de la que hoy se cumple un año. El Ministerio del Interior rechazó las críticas y aseguró que la Fiscalía General del Estado indagó estos hechos “con todas las garantías y profundidad” sin apreciar delito. Por una parte, Amnistía Internacional denunció “el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes”, que “obstaculiza” los intentos de los familiares de las víctimas para “averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos para obtener justicia, verdad y reparación”. La organización recordó que “al menos 37 personas murieron después de que alrededor de 2.000 personas migrantes y refugiadas subsaharianas intentaran entrar en España desde Marruecos el 24 de junio de 2022”. Aparte, prosiguió, “continúan en paradero desconocido al menos otras 76”. Pese a ello, “las autoridades de España y Marruecos no han hecho hasta ahora una investigación efectiva e independiente, lo que deja a decenas de familias afligidas en una situación de angustia”. “Cuando se cumple un año de la masacre de Melilla, las autoridades españolas y marroquíes no sólo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad. Sigue habiendo cadáveres en una morgue y en tumbas, y son bloqueados los esfuerzos para identificar a las personas fallecidas e informar a sus familiares”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Un año después de la tragedia”, prosiguió AI, “las autoridades de España y Marruecos no han facilitado una lista completa de nombres de las víctimas y de las causas de su muerte, ni tampoco imágenes de las cámaras de vigilancia que podrían servir de base para una investigación”. “Además, no han investigado adecuadamente acciones que constituyen crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, ni tampoco el racismo y la discriminación en la frontera”, advirtió. Según Amnistía, “las autoridades españolas se negaron a abrir una investigación independiente y, en diciembre de 2022, la Fiscalía archivó su investigación sobre las muertes alegando que no habían encontrado indicios de conducta delictiva por parte de las fuerzas de seguridad españolas”. Las autoridades marroquíes, por su parte, “no han abierto ninguna investigación sobre el uso de la fuerza por sus agentes de fronteras y han hecho prácticamente imposible que familias y ONG busquen a las personas en paradero desconocido y a las fallecidas”, prosiguió. En su respuesta, el Ministerio del Interior aseguró ayer a Amnistía Internacional que la Fiscalía General del Estado indagó “con todas las garantías y con profundidad” los hechos, sin apreciar delito. “Amnistía Internacional confunde la falta de respaldo a su relato con una pretendida falta de investigación”, declaró el Ministerio en un comunicado. CEAR Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció que “la única investigación que se llevó a cabo sobre el caso fue archivada por la Fiscalía el pasado mes de diciembre, sin que se llegaran a determinar responsabilidades sobre las al menos 37 muertes, 77 desapariciones y 470 devoluciones ilegales”. En cambio, recordó, estas prácticas “sí que fueron denunciadas por el Defensor del Pueblo por impedir el acceso al procedimiento de asilo con las debidas garantías. Por ese motivo, CEAR advirtió de que “es urgente poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas y de investigación para garantizar la justicia, la verdad y la no repetición”, y exigió que se lleve a cabo una “investigación exhaustiva, transparente e independiente” para que las víctimas y sus familias puedan ser reparadas por el daño sufrido. De acuerdo con CEAR, la mayoría de los jóvenes que protagonizaron los hechos procedían de Sudán, Sudán del Sur y Chad, “personas con un alto índice de reconocimiento de protección internacional en España por los conflictos que sufren sus países”. Sin embargo, las autoridades marroquíes “les impiden el acceso al puesto fronterizo para solicitar asilo, especialmente a las personas de origen subsahariano”, y España “tampoco habilita la posibilidad de que puedan hacerlo en embajadas y consulados, o a través de otras vías previstas por la Ley de Asilo”, lamentó la organización. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pudo constatar esta situación tras visitar la ciudad de Melilla el pasado mes de noviembre. En esta visita, recordó CEAR, Mijatovic también instó a España a “revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras” y a “suspender toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos”. Por este motivo, CEAR considera necesario que se ponga fin “a la externalización de fronteras” y que se facilite el acceso a la protección “de forma legal y segura”, poniendo fin a “acuerdos opacos que no garantizan el acceso a los derechos humanos y que en muchas ocasiones tienen como resultado la pérdida de vidas humanas”. De la misma forma, la organización exige que se acabe con las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, “que son totalmente contrarias a los tratados internacionales”, y denuncia “firmemente el uso de la violencia durante los hechos del 24 de junio de 2022”. “El hecho de que no se haya resuelto y que se cierren las investigaciones en falso deja la puerta totalmente abierta a que una tragedia así vuelva a suceder, poniendo en peligro la vida de miles de personas que buscan refugio”, advirtió la directora general de CEAR, Estrella Galán. “Una de las peores tragedias en nuestra frontera sur, junto a la sucedida en Tarajal en 2014, no puede volver a quedar impune”, concluyó.

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