<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La necesidad de un pacto europeo de migración y asilo que vincule a todos los Estados miembros de la UE va a ser una de las cuestiones centrales de la inminente Presidencia española del Consejo de la Unión, pero para ello habrá que superar la “diferencia de intereses” entre los países “más afectados”, como España, y los Estados del norte que no comparten el “principio de la solidaridad”.</strong></h4> Esta es una de las principales conclusiones del debate telemático organizado ayer por <strong>la Fundación Alternativas </strong>bajo el título <em>Migración y asilo en Europa: ¿habrá pacto?</em>, en el que varios expertos reclamaron a España que culmine el Pacto de Migración y Asilo en su Presidencia de la UE a fin de que pueda concretarse antes de las elecciones europeas de 2024. Según <strong>Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia, eurodiputado socialista y presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo</strong>, la ruta canaria hacia la UE, “la más mortífera de todas”, es un ejemplo del <strong>“incumplimiento clamoroso” del derecho europeo en esta materia por parte de varios Estados miembros “concertados para ello”,</strong> que se han mostrado indiferentes a la suma de “procedimientos de infracción, multas millonarias o condenas del tribunal de Justicia”. A su juicio, Europa necesita -tras el sistema de migración y asilo propuesto en septiembre de 2020 por la Comisión Europea de Ursula von Der Leyen- un nuevo marco normativo que consiga un “equilibrio adecuado” entre cinco objetivos legislativos: la sustitución del Reglamento de Dublín (que establece los criterios y mecanismos para identificar a qué Estado miembro le corresponde examinar una solicitud de asilo presentada por un ciudadano de un tercer país), la puesta en marcha de un estatuto de crisis para “cuando un Estado miembro se vea incapacitado para gestionar el derecho común de asilo”, la actualización del Eurodac (la base de datos europea de huellas dactilares para identificar a los solicitantes de asilo y a los irregulares que cruzan la frontera), la adopción de un protocolo de control en las fronteras exteriores (Screening) y la mejora del reglamento de procedimientos comunes y garantías. Por su parte, <strong>Nuria Díaz, coordinadora de Incidencias y Comunicación del Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR),</strong> advirtió de que la Presidencia española de la UE tiene un “gran reto por delante” porque <strong>las negociaciones sobre el pacto deberían estar “cerradas antes de mayo del próximo año”, fecha en la que termina la legislatura europea</strong>. “No nos sirve cualquier pacto, y la Presidencia española debe avanzar en un nuevo acuerdo garantista con las personas refugiadas y migrantes que consiga, por fin, que el principio de solidaridad entre los Estados miembros, así como el de responsabilidad compartida, sean una realidad”, añadió. Según Díaz, el Reglamento de Dublín de asignación de responsabilidades para la acogida “no funciona” porque “no equilibra las responsabilidades” entre los Estados miembros y se basa en “ese único criterio de asignar la responsabilidad al primer país de entrada”. Asimismo, prosiguió, la propuesta de la Comisión es un “sistema a la carta” en que los países pueden elegir si contribuyen a través de “compromisos de reubicación, patrocinio privado de retornos y refuerzo de las capacidades del país de acogida”, cuando el establecimiento del “mecanismo de solidaridad” entre los Estados miembros es el “asunto central del problema”. A juicio del <strong>vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido</strong>, la migración y el asilo van a ser “el gran desafío” en la Presidencia española de la UE, ya que son “muchos años” persiguiendo un pacto para que los derechos humanos sean “regulados y gobernados” por el conjunto de la UE, y no como hasta ahora, que es una competencia “exclusivamente nacional con algunas pequeñas aportaciones del derecho europeo”. En su opinión, se trata de una “asignatura pendiente” que choca con las “reticencias y resistencias” a la migración y al asilo que existen en cada uno de los Estados miembros. Según López Garrido, <strong>España es uno de los países “más afectados” por la llegada de ciudadanos africanos</strong> que cruzan el Mediterráneo, que se ha convertido en un “cementerio”, pero se enfrenta a <strong>la actitud de los países más al norte, que, sin tanta presión migratoria, no están tan dispuestos a “compartir responsabilidades de reasentamiento y gestión”.</strong> Por ello, y dentro de esa “diferencia de intereses”, varios Estados del norte no comparten el “principio de la solidaridad” entre países miembros de la UE.
