<h6><strong>Luis Ayllón</strong></h6> <h4><strong>El pesimismo se ha adueñado de las autoridades gibraltareñas tras el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales anticipadas para el 23 de julio. Si las negociaciones entre la Comisión Europea y el Reino Unido para alcanzar un acuerdo sobre la situación del Peñón tras el Brexit estaban prácticamente estancadas, ahora se considera que han quedado bloqueadas hasta que España, que debe dar el visto bueno al tratado, tenga un nuevo Gobierno.</strong></h4> <strong>El propio ministro principal de la colonia, Fabian Picardo,</strong> reconoció el martes, en declaraciones a <em>Radio Gibraltar</em> que <strong>es “muy poco probable”</strong> que se pueda llegar a ese acuerdo <strong>antes del 23 de julio</strong>, y que la situación creada es de incertidumbre. Picardo es consciente de que, <strong>si España no da luz verde a lo que acuerden Bruselas y Londres, no habrá ninguna firma</strong> y ello, no sólo porque el Gobierno español va a estar muy centrado en la campaña electoral, sino también porque <strong>es impensable que adopte, en estas circunstancias, una decisión que, al conformarse en un tratado internacional, comprometerá al país durante varios años.</strong> Por eso, las autoridades gibraltareñas<strong> ya dan por sentado que la negociación sólo podrá continuar cuando España tenga un nuevo Gobierno,</strong> es decir, en el mejor de los casos, bien pasado el verano. Aunque no lo expresa públicamente, <strong>el Gobierno de Picardo sabe que ha perdido una oportunidad de lograr un acuerdo favorable para sus intereses</strong>, después de haber estado rechazando las ofertas que el Ejecutivo español ha puesto sobre la mesa. Fuentes conocedoras de la negociación estiman que tanto desde Gibraltar como del Reino Unido se ha tensado demasiado la cuerda, a la espera de lograr de España más concesiones, sin dar respuestas a Madrid, pese a que <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares</strong>, ha insistido, una y otra vez, en que la pelota estaba sobre el tejado británico. Las negociaciones no han avanzado, entre otras razones porque <strong>Londres ha mantenido sus reservas sobre</strong> asuntos como la presencia de miembros de las Fuerzas de Seguridad españolas en los <strong>controles de pasajeros del puerto y del aeropuerto,</strong> o la negativa a cualquier control de España sobre l<strong>os movimientos del personal de la base de la Royal Nav</strong>y en el Peñón, que las autoridades españolas consideran esenciales para poder <strong>ejercer sus atribuciones como frontera del espacio Schengen</strong>. Además, se mantienen aún sin entendimiento asuntos relativos a armonización fiscal o medio ambiente, entre otros. En sus declaraciones radiofónicas, Picardo insistió en que habría aceptado un tratado de haber existido una opción "que fuera segura para Gibraltar", algo que considera que no ha existido, ni siquiera después de que, hace un mes, Sánchez y el primer ministro británico, Rishi Sunak, hablaran por teléfono y expresaran su voluntad de cerrar "cuanto antes" un acuerdo sobre el futuro estatus de la colonia. Pese a sus llamamientos a la serenidad, Picardo es consciente de que <strong>el panorama para un posible acuerdo empeorará si Sánchez no continúa en el poder.</strong> Sabe que un Gobierno del PP será mucho más duro a la hora de negociar, sobre todo si las urnas deparan que Alberto Núñez Feijóo tenga que contar para gobernar con los votos de Vox, un partido que, en diversas ocasiones, se ha mostrado muy combativo en las reclamaciones para recuperar la soberanía española de Gibraltar. En cualquier caso, en los medios gibraltareños se piensa que la reanudación de las negociaciones no tendrá lugar, como mínimo,<strong> hasta entrado el nuevo año</strong>, porque a la formación de Gobierno en España hay que añadir que, previsiblemente, habrá elecciones en Gibraltar en octubre. Mientras, la incógnita que se plantean ahora los gibraltareños es <strong>si la Unión Europea va a seguir permitiendo indefinidamente</strong> la medida que España adoptó, como señal de buena voluntad, de no impedir el paso por la verja hacia territorio español a los titulares de pasaportes británicos que, junto a ellos, muestren una tarjeta roja, expedida por el Gobierno de Gibraltar, en la que se les identifica como gibraltareños. <strong>Este asunto es el que más preocupa ahora a los ciudadanos gibraltareños</strong>, porque les permite seguir entrando y saliendo de la colonia como antes del Brexit, pero el Gobierno español tomó la medida para que estuviera en vigor, en principio durante una temporada, hasta que se alcanzara el acuerdo entre el Reino Unido y la Comisión Europea, algo que se ha ido retrasando más de lo esperado.
