<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros ratificó el pasado martes el protocolo entre España y Georgia para favorecer el retorno de residentes en situación irregular, un instrumento de cooperación jurídica internacional para combatir la inmigración ilegal que fue suscrito el pasado 16 de febrero en Tiflis por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, y su homólogo georgiano, Vakhtang Gomelauri.</strong></h4> <strong> </strong> Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el <strong>Protocolo entre el Reino de España y Georgia relativo a la aplicación del Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la readmisión de residentes en situación ilegal.</strong> <strong>Las negociaciones para la suscripción de este Protocolo de aplicación comenzaron en 2013 a iniciativa de Georgia.</strong> Tras sucesivos intercambios de observaciones, que se prolongaron hasta el año 2017, las negociaciones quedaron paralizadas y volvieron a reanudarse recientemente, hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre la redacción del texto. El fundamento jurídico se encuentra en el acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la readmisión de residentes en situación ilegal, hecho en Bruselas el 22 de noviembre de 2010. Tras su autorización por el Consejo de Ministros, el Protocolo fue firmado el pasado 16 de febrero en Tiflis por Grande-Marlaska Gómez y Gomelauri durante una visita de trabajo del ministro, en el que agradeció los esfuerzos realizados desde Georgia para favorecer el retorno de ciudadanos georgianos en situación irregular. Según el Ministerio del Interior, <strong>el Protocolo permitirá establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional con el fin de combatir más eficazmente la inmigración ilegal</strong> y poner en marcha, sobre una base de reciprocidad, procedimientos rápidos y eficaces de identificación y retorno seguro y ordenado de las personas que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en el territorio de Georgia o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. El texto regula y determina las autoridades competentes de ambas partes en cuestiones como los pasos fronterizos, el procedimiento de solicitud de readmisión y respuesta, los documentos adicionales y otros medios para determinar la nacionalidad, la expedición de documentos de viaje, los procedimientos de traslado y el caso de readmisión por error, así como el procedimiento de tránsito, las condiciones de los retornos con escolta, la asunción de los gastos derivados de la readmisión y el idioma de trabajo. Aunque la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de este acuerdo no requiere la previa autorización de las Cortes Generales, el Consejo de Ministros, en atención al artículo 94.2 de la Constitución, ha remitido el texto al Congreso de los Diputados y al Senado a efectos informativos.
