<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión Europea recomendó ayer a España que reduzca el gasto público a fin de lograr el recorte del déficit estructural del 0,7% reclamado por Bruselas para este mismo ejercicio y que retire desde finales de 2023, para su eliminación total en 2024, las ayudas concedidas para afrontar la crisis energética (por ejemplo, las reducciones del IVA del gas y de la electricidad), que, a su juicio, suponen actualmente un 0,6% del PIB.</strong></h4> La Comisión hizo público ayer un plan orientativo para los Estados miembros dentro del marco del paquete de primavera del Semestre Europeo de 2023 y presentó un informe sobre el funcionamiento de 16 países de la UE a fin de evaluar si cumplen con los objetivos de déficit y deuda. Según el documento, <strong>España figura entre los que no los cumplen</strong>, junto a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Francia, Italia, Letonia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Por ello, en sus recomendaciones de política fiscal de cara a la elaboración del presupuesto del año próximo, <strong>la Comisión cree que España debería limitar el aumento del gasto público primario al 2,6% como máximo en 2024</strong>. En todo caso, el Ejecutivo comunitario considera que España va a cumplir con esta recomendación porque, de acuerdo con sus propias previsiones macroeconómicas de Primavera (publicadas a principios de este mes), el aumento del gasto primario en nuestro país será del 1,4 % en 2024. Además, la Comisión recuerda también que el Programa de Estabilidad que le remitió el Gobierno prevé que, en 2024, el déficit público se reducirá al 3% del PIB, “en línea” con sus propias proyecciones, que lo sitúan en el 3,3%. Al respecto, <strong>el Ministerio de Asuntos Económicos</strong> celebró ayer el informe de la Comisión, que “confirma que la senda fiscal presentada por España cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024”, y aseguró que “la responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años”. Asimismo, el Gobierno auguró que España saldrá del grupo de países con desequilibrios económicos. Por otra parte, la Comisión Europea <strong>sugirió ayer a España que mantenga los niveles de inversión pública y que garantice la “absorción” de las ayudas procedentes del fondo de recuperación y de los fondos de otros programas de la UE</strong>. Asimismo, instó al Gobierno a “mantener el impulso” para una “rápida” ejecución del plan español de recuperación y a presentar pronto la actualización de este plan para tener acceso a otros 10.000 millones de euros en ayudas directas y a los 84.000 millones en créditos asignados a España. <h5><strong>Apoyo a la energía</strong></h5> En cuanto a las recomendaciones fiscales, <strong>la Comisión recomendó ayer a España que inicie la supresión gradual de las medidas de apoyo a la energía</strong>, que estima actualmente en un 0,6% del PIB, empezando por las más universales, como las reducciones del IVA del gas y de la electricidad, que han sido prorrogadas hasta final de año. <strong>El Ejecutivo comunitario espera que España vaya reduciendo estas ayudas desde finales de este año para su eliminación total en el que viene</strong>. Asimismo, propone al Gobierno que utilice los “ahorros” derivados de esta supresión gradual de las medidas para “reducir el déficit público y limitar el gasto”. A juicio de Bruselas, en caso de que los precios energéticos se disparen de nuevo y sean necesarias nuevas medidas, éstas deben ser “asumibles” desde el punto de vista fiscal, “preservar los incentivos para conseguir ahorros energéticos” y estar orientadas a proteger a los hogares y las empresas “vulnerables”. Asimismo, la Comisión considera que España debe seguir reduciendo el uso de combustibles fósiles y acelerar el despliegue de energías renovables, así como fomentar la eficiencia energética en los hogares a través la renovación y electrificación de edificios.
