<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores va a destinar 665.675,45 euros para garantizar la ciberseguridad en la sede central del Ministerio, en sus organismos dependientes (la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Cervantes) y en la Representación Permanente de España en Bruselas (REPER).</strong> Por una parte, el Consejo de Ministros tomó ayer “razón de la declaración de emergencia” para la <strong>contratación inmediata de los servicios de vigilancia y seguridad de la red administrativa de los servicios centrales de la REPER-EU, la AECID y el Instituto Cervantes por un importe de 348.800,00 euros sin IVA (422.048,00 euros con el 21% de IVA incluido),</strong> mediante una cofinanciación entre los actores implicados. Esta medida se ajusta a las recomendaciones del <strong>Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT)</strong> y a la necesidad de contar con los medios técnicos y humanos necesarios para evitar ataques informáticos que puedan comprometer la seguridad de los sistemas de información, teniendo en cuenta “la existencia de una situación crítica que supone grave peligro en el ámbito de la seguridad del MAUC y sus organismos dependientes que requiere una actuación inmediata”. Asimismo, el Consejo de Ministros tomó también “razón de la declaración de emergencia” para la <strong>contratación del suministro de una solución de protección EPP</strong> (Endpoint Protection Platform, la denominación actual del antivirus tradicional, una solución de seguridad diseñada para detectar y bloquear amenazas a nivel de dispositivo) compatible con los sistemas EDR (sistema de protección para toda la infraestructura y equipos de una empresa) <strong>del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en sus organismos dependientes (AECID e Instituto Cervantes).</strong> Esta decisión se ajusta también a las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional, que ha informado de la necesidad adoptar medidas “a la mayor brevedad” que conduzcan a la implantación de una solución de protección EPP que permita tener una visión global y proteja, de una manera eficiente y adaptada a las amenazas más avanzadas, a todos los puestos de trabajo y servidores del Ministerio y sus organismos dependientes. Al no disponer Exteriores ni los organismos dependientes de una solución EPP, se requiere la adquisición de las licencias necesarias para obtener un único producto que permita la gestión de manera centralizada desde el Ministerio y que garantice la eficacia en la detección y neutralización de ciberataques avanzados. En concreto, el proyecto consiste en la adquisición de 9.300 licencias de uso para equipos de usuario y servidores con una vigencia de doce meses desde el inicio de la ejecución del contrato, que será cofinanciado entre los actores implicados. En consecuencia, se ha procedido a declarar de emergencia la tramitación de este expediente para <strong>el suministro de una solución de protección EPP en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la AECID y el Instituto Cervantes por un importe de 201.345,00 euros sin IVA (243.627,45 euros con el 21% de IVA incluido).</strong>
