The Diplomat
Una delegación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha llevado a cabo a lo largo de esta semana una misión de evaluación de España culminando un proceso iniciado hace dos años.
La delegación, que estaba formada por funcionarios de la Secretaría de la Convención y por representantes de dos de los países miembros –Irlanda y Chile– ha mantenido contactos en España con los Ministerios de Justicia, Hacienda y Función Pública, Interior, Asuntos Económicos y Transformación Digital. Igualmente, se han reunido con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y varias organizaciones de la sociedad civil.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es uno de los acuerdos más importantes en la lucha global contra la corrupción. Fue adoptada en 2003 por la Asamblea General de la ONU y establece un marco jurídico global para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, y fomentar la cooperación internacional en la lucha contra esta lacra.
España se sumó desde el primer momento a la Convención y procedió a su ratificación en el año 2006. Desde su adopción, más de 180 países la han ratificado y han implementado medidas para prevenir y combatir la corrupción.
Una de las principales características de la Convención es que es un instrumento de derecho internacional vinculante. Esto significa que los países que la ratifican están obligados a implementar sus disposiciones en sus sistemas jurídicos nacionales.
La Convención establece una serie de medidas para prevenir y combatir la corrupción, entre ellas: la adopción de medidas eficaces para prevenir el soborno en el sector público y privado; el establecimiento de normas para el intercambio de información y la cooperación internacional; la recuperación de activos robados y la confiscación de bienes; y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
La Convención también reconoce la importancia de la participación de la sociedad civil y del sector privado en la lucha contra la corrupción.
Además, la Convención establece un mecanismo de seguimiento para evaluar el progreso de los países en la implementación de sus disposiciones. Este mecanismo permite a los países intercambiar buenas prácticas, identificar desafíos comunes y recibir asistencia técnica para mejorar sus sistemas anticorrupción.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha tenido un impacto significativo en la lucha contra la corrupción en todo el mundo. Ha sido utilizada en una variedad de casos, desde el procesamiento de funcionarios públicos corruptos hasta la recuperación de activos robados y la promoción de la transparencia en el sector privado.
