The Diplomat
La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus emitió ayer el informe con sus conclusiones tras más de un año de trabajo. En él se apunta a Marruecos como el «posible» responsable del espionaje a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informa Efe.
Por otra parte, el informe de conclusiones, que ha sido aprobado por 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, asume que fueron las «autoridades españolas» quienes espiaron a políticos independentistas catalanes, a 18 de ellos con autorización judicial, aunque puso en duda la proporcionalidad de las escuchas.
«Sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se admitieron en la comisión de Secretos Oficiales (del Congreso de los Diputados), se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas», señala el informe.
El Gobierno español siempre ha defendido en el Congreso de los Diputados que las investigaciones se efectuaron con autorización judicial y que está obligado a guardar secreto sobre las mismas.
Tras conocerse las conclusiones de la comisión de investigación, el PP valoró que el informe pide más «claridad» al presidente del Gobierno sobre el posible papel de Marruecos en casos de cibervigilancia con el sistema Pegasus. Para el PP, la Eurocámara ha evidenciado la escasa información proporcionada por el Gobierno de España sobre el espionaje al teléfono de Sánchez y le ha pedido «más claridad y transparencia».
El texto de la comisión de investigación recoge que el Centro Nacional de Inteligencia ha reconocido el espionaje a 18 independentistas catalanes -todos ellos con autorización judicial-, entre ellos al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, o el ex presidente Carles Puigdemont, aunque este último no directamente sino a través del teléfono de su mujer.
«En cuanto a los 18 casos en los que se había emitido una orden judicial, la legalidad ha sido verificada y confirmada por el Defensor del Pueblo, pero su especialidad, adecuación, excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad sólo puede ser verificada por un tribunal», señala el informe.
Respecto a los otros 47 individuos vinculados al independentismo que también fueron espiados según el informe de Citizen Lab «sigue sin estar claro si fueron seleccionadas por el CNI con una orden judicial o si otra autoridad recibió órdenes judiciales para seleccionarlas de forma legal», dice el informe. Añade, además, que «no ha sido posible evaluar en qué medida» estas 47 personas «constituyeron una amenaza inminente a la seguridad nacional o la integridad territorial del Estado».
La Comisión de Investigación -que viajó a Madrid para analizar el caso español- asegura que «España tiene un sistema judicial independiente con suficientes salvaguardias», pero al mismo tiempo, dice que las explicaciones que dio la presidenta del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, «fueron limitadas y dejaron muchas preguntas en el aire».
