<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>A Pedro Sánchez se le amontonan los deberes de Bruselas ante su presidencia de turno semestral de la Unión Europea, desempeño sobre el que levantará su gran ofensiva de imagen personal para seguir después al frente del Gobierno.</strong></h4> El jefe del Ejecutivo, que <strong>tiene pendientela renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, suma ahora la rectificación del Código Penal</strong> para recuperar las condenas por malversación, relajadas hace cinco meses a instancia de sus aliados independentistas catalanes. La primera asignatura que arrastra Sánchez tiene su origen en una <strong>falta de acuerdo con el principal partido de la oposición para elegir a los miembros del CGPJ</strong>, tarea pendiente desde 2019. El PP no quiere (ni le conviene) un reparto por cuotas de partido de los vocales del Consejo y exige un cambio añadido en el sistema de elección que garantice mejor la independencia del órgano de gobierno de los jueces. El Ejecutivo no quiere cambios y sólo admite la aplicación automática al Poder Judicial (por la vía de proponer magistrados más que afines) de la actual mayoría parlamentaria compuesta por los partidos de izquierda e independentistas que sostienen la coalición de izquierdas en el poder. <strong>La Comisión Europea tuvo que intervenir ante el bloqueo de la situación en España</strong> el pasado otoño para instar a la renovación del órgano de gobierno de los jueces dentro de los parámetros de la propia Unión, con la garantía de que la mayoría de los vocales sean elegidos por los propios jueces, no por los partidos como pretende mantener Sánchez. Desde entonces no se ha registrado cambio de posición alguno y el plazo fijado por la Comisión para la renovación y reforma del CGPJ es precisamente el arranque de la presidencia de turno que toca desempeñar al Ejecutivo español a partir del 1 de julio. Sin abrir una negociación ni cruzar un documento con Alberto Núñez Feijóo para resolver ese problema, y pese a las presiones públicas de la Comisión, <strong>Sánchez choca ahora con las exigencias del Parlamento en materia de lucha contra la corrupción.</strong> La Cámara europea tramita una normativa de obligado cumplimiento para los Estados miembros que fija en un <strong>mínimo de 6 años de cárcel las penas por malversación de fondos</strong>. Esa iniciativa es justo la contraria a la reforma del Código Penal aprobada en el Congreso por la mayoría sanchista en diciembre pasado, deprisa y corriendo para que se olvidara antes de las elecciones de este 28 de mayo, en beneficio de los malversadores. Por exigencia de ERC, partido que encabeza la Generalitat, y como factura atrasada de la moción de censura que llevó al poder a Sánchez en la moción de censura de 2018, el Gobierno acabó por arreglarle el horizonte penal a los responsables de la intentona secesionista de 2017 en Cataluña. <strong>Primero fueron los indultos para los golpistas, luego la supresión directa del Código Penal del principal delito cometido, el de la sedición, y al final el abaratamiento de la condena</strong> por el otro delito en el que incurrieron: el de malversación de fondos públicos. Las penas por malversación en el caso de que el funcionario o cargo político destine los fondos públicos a fines como la secesión o creación de instituciones paralelas a las oficiales comohicieron los hoy socios de Sánchez quedan como un delito menor perseguido con penas dosaños por debajo de las mínimas de la futura normativa europea. <strong>Desde el propio PSOE se escandalizan con la redacción a la medida del actual Código Penal en materia de corrupción</strong>. “Lo de pactar las penas con el delincuente es para hacérselo mirar”, comentó el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page al conocer el proyecto del Parlamento Europeo. Para aprobar la nueva exigencia que planteará, Bruselas <strong>el Ejecutivo solo tendría que volver a lo fijado en el Código Penal vigente hasta el pasado año</strong>. Y tampoco le faltarían apoyos en el Congreso, pues el PP ya ofrece sus votos, aunque para dejar en evidencia la dependencia que tiene el presidente del Gobierno de los partidos separatistas. Con la vista puesta en las elecciones generales de fin de año y sus planes para reeditar su frente de izquierdas e independentistas, <strong>Sánchez no está dispuesto a renunciar al control del poder judicial</strong> ni puede dar marcha atrás en sus favores a ERC. Falta por ver cómo se toman en la UE sus incumplimientos.
