<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno español ha asegurado que Países Bajos no figura en la lista de países y territorios con “regímenes fiscales perjudiciales” ni de “jurisdicciones no cooperativas”, por lo que “no tiene la condición” de paraíso fiscal.</strong></h4> Así respondió el Gobierno, el pasado 17 de abril, a una pregunta parlamentaria por escrito de los diputados Jaime Eduardo de Olano Vela y Mario Garcés Sanagustín, del Grupo Popular, sobre “la opinión del Gobierno acerca de si Países Bajos es un paraíso fiscal”. En la respuesta, el Ejecutivo recuerda que el artículo 16 de la Ley contra el fraude fiscal, adoptada el 9 de julio de 2021 como transposición de la Directiva europea contra las prácticas fiscales perjudiciales para el mercado único (de 2016), sustituye el término “paraíso fiscal” por el nuevo concepto internacional de “jurisdicción no cooperativa”. <strong>En consecuencia, advierte el Ejecutivo, en la normativa tributaria española ya no existen los “paraísos fiscales”, sino las “jurisdicciones no cooperativas”.</strong> “Sin perjuicio de lo anterior, el pasado 11 de febrero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas, entre las cuales no se encuentra Países Bajos”, prosigue. <strong>“En consecuencia, Países Bajos no tiene la condición de jurisdicción no cooperativa”</strong>, concluye la respuesta. La lista del BOE, publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, incluye un total de 24 “jurisdicciones no cooperativas”, entre las que figura Gibraltar. La Ley de 2021 y la Directiva europea de 2016 actualizan los criterios para definir una “jurisdicción no cooperativa” en línea con los trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en el marco de la Unión Europea como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). <strong>A raíz de la reciente decisión de Ferrovial de trasladar su domicilio social de España a Países Bajos</strong>, que ha sido duramente rechazada por el Gobierno, dos de las representantes de Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición acusaron indirectamente a este país de ser un “paraíso fiscal”. Concretamente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogó por una Europa en la que “el ‘dumping’ fiscal y los paraísos fiscales no puedan existir” y la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reclamó medidas conjuntas en la UE para erradicar “paraísos fiscales” dentro del continente y evitar que empresas como Ferrovial eviten el modelo tributario “justo” que defiende el Gobierno, cuyo traslado supone un claro ejemplo de “dumping fiscal”. <strong>El debate sobre la condición de Países Bajos como paraíso fiscal también se recrudeció en 2020, cuando, en plena pandemia, el Gobierno de Mark Rutte se mostró especialmente duro durante las negociaciones para el plan de recuperación económica</strong>, en las que reclamó, reiterada y contundentemente, que se condicionaran las ayudas económicas a las reformas en los países del sur, con mención expresa a España e Italia, los dos países más afectados por la primera ola del COVID-19. En aquella ocasión, <strong>varios países criticaron que Países Bajos se mostrase tan beligerante cuando cuenta con ventajas fiscales de las que no gozan otros países europeos</strong>, y algunos incluso acusaron a este país de ser un “paraíso fiscal” dentro de la UE. De hecho, Países Bajos es el recurso habitual de numerosas multinacionales que se ahorran millones de euros canalizando los beneficios de sus filiales a través de este país, antes de que ese capital regrese a las cuentas de la empresa matriz. Para ello, Países Bajos facilita la creación de “empresas buzón” que tienen su sede fiscal en el país pese a que su actividad económica se desarrolla en otro Estado de la UE, lo que permite abaratar costes. Mediante este procedimiento, muchas empresas europeas de países que prohíben el recurso a los paraísos fiscales envían sus ganancias a Países Bajos debido a que sus impuestos son mucho menores. <strong>Pese a ello, y a que algunas ONG acusan a Países Bajos de ser un paraíso fiscal, muchos Gobiernos creen que este país no reúne las condiciones para ello</strong> porque no es el destino final de las ganancias de esas empresas y su función es, sobre todo, servir de puente (legal) entre los países matrices y los terceros países en los que finalmente acaban los beneficios, que sí suelen ser paraísos fiscales.
