<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Los sindicatos de izquierda, “de clase” como les gusta llamarse, han entrado en campaña para demostrar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, gabinete que, a su vez, asume los principios de política económica que defienden Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.</strong></h4> El Ejecutivo de coalición de socialistas y populistas presume de haber logrado la “paz social” con su apuesta por el gasto público, la subida de las pensiones, el incremento del salario mínimo en un 47 por ciento o la nueva legislación laboral que da más poder a los sindicatos. <strong>Sánchez está a punto de convertirse en el primer presidente del Gobierno español a quien las centrales sindicales no le convocan una huelga general.</strong> Todos sus predecesores, desde Adolfo Suárez en 1978 a Mariano Rajoy en 2018, con los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero entre medias, se tuvieron que enfrentar a movilizaciones de los representantes oficiales de los trabajadores. <strong>Todos los jefes del Ejecutivo en los últimos 40 años, de centro derecha (UCD y PP) o del PSOE, se atrevieron o se vieron obligados a acometer reformas económicas</strong> de calado, en materia de pensiones o legislación laboral, que derivaron en paros y protestas masivas. El actual <strong>idilio entre Ejecutivo y sindicatos</strong>, plasmado en las celebraciones del pasado 1 de mayo, se amplía con el protagonismo de la vicepresidenta de Asuntos Sociales, enlace de Sánchez con las centrales y encargada por su jefe de aunar a toda la extrema izquierda populista en torno a la coalición de gobierno para seguir en el poder: Yolanda Díaz. Ni la inflación en general y los precios de la energía disparados desde hace más de un año, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, han movido a los sindicatos al enfrentamiento con el Gobierno para exigir soluciones. Sólo en las últimas semanas, ante el inminente ciclo electoral con los comicios locales del 28 de mayo y las generales de fin de año, <strong>Comisiones Obreras y UGT empieza a amenazar con huelgas, pero contra los empresarios y para exigir subidas salariales.</strong> <strong>Díaz, abogada laboralista de profesión y más que afín a CC. OO., ha aplicado todas sus medidas estrella de acuerdo con los sindicatos y de espaldas a los representantes de los empresarios</strong>. Devolvió a las centrales el poder perdido en las negociaciones de los convenios colectivos con la reforma del último Gobierno del PP, creó la peculiar figura del trabajador “fijo discontinuo” para reducir el paro en las estadísticas oficiales y se apuntó la subida del Salario Mínimo Interprofesional en línea con la exigencia sindical. Cuando Sánchez se hizo con el Gobierno en la moción de censura presentada con toda la izquierda y los independentistas en 2018 el SMI estaba en 858 euros mensuales. Desde entonces y siempre de acuerdo con los sindicatos, Díaz lo fue subiendo anualmente hasta los 1.080 actuales pese a las quejas de los empresarios. <strong>La generosidad del gabinete de coalición de izquierdas con las centrales</strong> también ha quedado patente en el capítulo de las subvenciones. De los 8,8 millones de euros que recibieron en el último ejercicio de la etapa del PP (2018) han pasado a 17 en la más reciente convocatoria el pasado mes de abril. En cuatro años de Ejecutivos sanchistas van a percibir 56,6 millones frente a los 21 recibidos con los gobiernos de Mariano Rajoy. <strong>La “paz social” de Sánchez se apoya también en el respaldo de los sindicatos de clase a su “no reforma” del sistema de pensiones:</strong> la promesa de mantener las subidas automáticas según el índice de inflación y el aumento de las cotizaciones sin tener en cuenta el déficit del sistema. El Gobierno sólo buscó el acuerdo con sus aliados sindicales e impulsa los cambios de espaldas a la mitad del Parlamento, las organizaciones empresariales y los autónomos. Al presidente del Gobierno y a Díaz les viene ahora c<strong>omo anillo al dedo en sus respectivas campañas</strong>, al primero para su carrera personal para la reelección y a la segunda para lanzamiento al frente de la plataforma Sumar, la movilización sindical contra los empresarios. Sánchez y su vicepresidenta cultivan su imagen más de izquierdas con <strong>un discurso antiempresarial y hasta anticapitalista</strong> ya ensayado contra la gran patronal, la CEOE, o grandes compañías concretas como Ferrovial. En las próximas semanas el mensaje gubernamental y sindical se concentrará en culpar de todos los males de la economía a la resistencia de los empresarios a subir los salarios.
