<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores concederá de nuevo 30.000 euros para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte en el mundo durante el ejercicio 2023.</strong></h4> Según la Orden, firmada el pasado 24 de abril por el director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Xavier Martí Martí, y publicada este pasado miércoles por el Boletín Oficial del Estado (BOE), el objeto de las subvenciones es la concesión de ayudas económicas destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero por delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recursos de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero. Las aportaciones del Gobierno en esta materia comenzaron en 2009, cuando, por primera vez en la historia, los Presupuestos Generales del Estado incorporaron una partida presupuestaria (en la sección correspondiente a Exteriores) de nada menos que 500.000 euros “para la asistencia a ciudadanos que afrontan condenas de pena de muerte”. Aquella primera cantidad, no obstante, sufrió un recorte radical en agosto de 2009 (en plena crisis internacional) por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la dejó en sólo 60.000 euros. Desde entonces, la evolución ha sido de descenso o, al menos, de estancamiento: 50.000 euros en 2010, 60.000 euros en 2011 y 30.000 euros anuales desde 2012 y hasta la fecha. Hasta 2017, los fondos destinados a este fin fueron concedidos a la defensa de Pablo Ibar, cuya condena a muerte, dictada en 2000 por un tribunal de Florida, fue anulada en febrero de 2016 por el Tribunal Supremo de ese Estado y conmutada por la cadena perpetua en el segundo juicio, que concluyó en mayo de 2019. En 2017, la partida fue repartida entre Ibar y Artur Segarra, sentenciado a muerte en Tailandia en abril de ese año por el asesinato premeditado de un empresario también español, David Bernat. En agosto de 2020, el rey de Tailandia conmutó la pena capital a Segarra por la cadena perpetua, lo que abre la puerta a que el español, encarcelado desde febrero de 2016, pueda solicitar su traslado a una cárcel en España. Fuentes cercanos al caso han indicado que podría solicitar su traslado a España en 2024, cuando se cumplan ocho años de su encarcelamiento. En 2019 también se conmutó la pena de muerte al hispano-boliviano Víctor Eduardo Parada, encarcelado en Malasia. Por tanto, según informó el pasado mes de diciembre el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito, en estos momentos hay un solo ciudadano español condenado a muerte. Se trata de Ahmed el Saadany Ghaly, quien residió casi veinte años en España y fue encarcelado y sentenciado en Egipto (su país de origen) por el asesinato de su cuñado el 13 de diciembre de 2016. Varias fuentes han asegurado que durante el juicio no contó con la asistencia de un abogado y, según Amnistía Internacional, “fue torturado y amenazado con que su familia sería torturada”. El Gobierno español ha pedido oficialmente a las autoridades egipcias que le conmuten la pena capital.
