The Diplomat
El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, pidió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no decida por el pueblo israelí después de que el mandatario trasladara el sábado su respaldo en nombre de la Internacional Socialista a las protestas contra la polémica reforma judicial en Israel, considerada por sus críticos como un ataque contra el equilibrio de poderes, informa Europa Press.
«Ningún responsable extranjero decidirá por el pueblo israelí, y estoy seguro de que esa no era la intención de Sánchez«, advirtió en su cuenta de Twitter, el jefe de la diplomacia israelí, quien acaba de estar en España, donde se reunió con su homólogo español, José Manuel Albares.
El ministro se refería así al vídeo retransmitido ante unos 200.000 manifestantes en la última protesta de anoche contra la reforma congregados en las calles de Tel Aviv en el que Sánchez, también presidente de la Internacional Socialista, recordó que ésta «siempre ha luchado por la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia», «valores que no podemos dar por hechos y que tenemos que fomentar y defender a diario».
«Como tal, ahora, como siempre, los internacionalistas socialistas apoyamos con solidaridad al pueblo de Israel. Queridos amigos, siempre encontraréis caminos para luchar por la democracia», aseveró Sánchez.
En respuesta, Cohen defendió su respaldo personal a la propuesta de reforma, como miembro que es del principal partido de la coalición de Gobierno israelí, el Likud, y atacó a los manifestantes al entender que «no tienen ningún tipo de límites, entre los que se incluyen los intentos de dañar nuestra imagen internacional (de Israel)».
«Como partidario que soy de la reforma no tengo dudas de que fortalecerá la democracia y equilibrará las ramas de gobierno», ha concluido.
La reforma judicial está ahora mismo paralizada en medio de un proceso de consenso organizado por el primer ministro israelí y principal impulsor de la misma, Benjamin Netanyahu, a recomendación del presidente de Israel, Isaac Herzog.
Otros líderes internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o el presidente francés, Emmanuel Macron, han expresado también su preocupación con esta propuesta que, a grandes rasgos, concedería al Gobierno competencias inusitadas sobre la actuación de los tribunales del país.
