<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a condenar las deportaciones forzadas de niños ucranianos a Rusia y a apoyar las órdenes de arresto emitidas por este mismo motivo por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada del Gobierno ruso para los derechos del niño, María Alekseyevna Lvova-Belova.</strong></h4> En su moción, presentada a mediados de abril para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, el PSOE denuncia que <strong>“en Ucrania se están viviendo episodios de violencia, abuso e indignidad que vulneran gravemente los derechos de la infancia” y que, en algunos casos, “constituyen crímenes de guerra y podrían constituir incluso crímenes de genocidio”.</strong> Entre estos abusos, la Proposición no de Ley denuncia que las autoridades rusas <strong>“han adoptado medidas encaminadas a promover el traslado de niños y niñas y favorecer su permanencia en la Federación rusa”,</strong> sobre todo después de que, en mayo de 2022, Putin firmase “un decreto que facilitaba la naturalización como ciudadanos rusos de niños ucranianos afectados por situaciones excepcionales provocadas por la guerra, que incluían medidas que dificultan su repatriación y reunificación con familiares”. “En una entrevista en julio de 2022, María Alekseyevna Lvova-Beloba, la comisionada presidencial de Derechos de la Infancia, se refirió a la posibilidad de que, ahora que los niños y niñas se habían convertido en ciudadanos rusos, las tutelas temporales pudieran convertirse en permanentes”, recuerda la moción socialista. <strong>Las autoridades ucranianas cifran esas deportaciones en más de 19.000 niños</strong> (cifras de 8 de abril), “aunque es imposible verificar este número por instancias independientes”, prosigue. Asimismo, varias “entidades sociales, mediáticas y académicas” (como Amnistía Internacional, la agencia Associated Press o la Comisión internacional independiente de investigación sobre Ucrania establecida por la ONU) “han documentado el traslado forzoso de niños y niñas”. La citada Comisión Internacional ha concluido que, a la luz de la evidencia examinada, “las acciones adoptadas por la Federación rusa violan artículos y protocolos de la Convención de Ginebra, lo que equivale a un crimen de guerra”, afirma la PNL. El PSOE recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño insta a los Estados Partes a velar para que “el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos” y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio advierte de que “constituye genocidio el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Asimismo, la Corte Penal Internacional ordenó el pasado 17 de marzo la detención de Putin y Lvova-Belova por “sospechas fundadas de haber cometido el crimen de deportación ilegal y traslado ilegal de población desde territorios de Ucrania a la Federación rusa en perjuicio de niños y niñas ucranianos”. Por todo ello, el Grupo Socialista pide al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno a <strong>“condenar todas las acciones del Estado ruso que violan o ponen en riesgo el bienestar y los Derechos de la Infancia en Ucrania” y a “considerar ilegal cualquier iniciativa del Estado ruso que haya comportado el traslado y naturalización de niños y niñas ucranianos en Rusia”. </strong> Asimismo, insta al Gobierno a apoyar “los esfuerzos de los organismos internacionales para seguir investigando estos hechos, para establecer su magnitud y determinar con la máxima precisión la naturaleza de los crímenes cometidos y las responsabilidades incurrida por autoridades y funcionarios rusos, con especial atención a los delitos que puedan comportar crímenes de guerra y delitos de genocidio”, y a <strong>“apoyar las acciones internacionales encaminadas a hacer efectivas las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin y María Alekseyevna Lvova-Belova”.</strong>
