<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Después de fracasar en el acoso a Ferrovial para que no trasladara su sede a Países Bajos, Pedro Sánchez asume los postulados más populistas de sus socios y aliados de extrema izquierda para anunciar la intervención del mercado de la vivienda.</strong></h4> El jefe del Ejecutivo <strong>apuntala así su coalición</strong> de gobierno con la vista puesta en la <strong>carrera preelectoral del 28 de mayo a costa de renunciar a las posiciones menos radicales</strong> que hasta ahora sostenían el PSOE y el equipo económico del gabinete. La suma de fiascos de las últimas leyes e iniciativas del gabinete, de la ley del “solo sí es si” a los señalamientos públicos de empresarios o el lanzamiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz para aglutinar a toda la extrema izquierda, han obligado a Sánchez a forzar un<strong> cambio de guion en plena precampaña.</strong> Ante el problema de la carestía de viviendas asequibles y la subida de los alquileres, apuesta por la intervención de los precios del mercado y más dificultades para los arrendadores, aunque suponga reducir la oferta de pisos en alquiler. El secretario general de los socialistas <strong>insiste en presentarse como candidato o referencia de todo el bloque de partidos de izquierda e independentistas</strong> que le auparon al poder en junio de 2018 <strong>más que como líder de un PSOE con aspiraciones a vencer</strong> con un proyecto autónomo y claramente mayoritario. En el caso de la<strong> ley de vivienda</strong> esa elección, como en la ley del “sólo es sí” o en la de referente a la transexualidad, <strong>Sánchez acepta todos los puntos que eran inaceptables hasta ahora para el sector socialista del gabinete</strong>, como el de considerar grandes tenedores de viviendas a los ciudadanos con más de cinco pisos en propiedad, la mitad que ahora. También se dilatan los plazos hasta en dos años para ejecutar los lanzamientos de los inquilinos morosos y no se aborda el problema de la ocupación ilegal de viviendas. El proyecto de ley, que llevaba dos años atascado por las diferencias de criterio entre socialistas y podemitas, pasa a <strong>incluir todas las exigencias de los partidos de extrema izquierda</strong>. Una vez anunciado el acuerdo por Sánchez en persona durante un mitin de su partido, fueron los portavoces de las formaciones más radicales de la cámara, los separatistas catalanes de ERC y los herederos del brazo político de la banda terrorista ETA, los encargados de dar detalles de un texto ahormado con sus propias iniciativas para la intervención del mercado. El jefe del Ejecutivo, molesto con las resistencias de Podemos a ponerse a las órdenes de su vicepresidenta Yolanda Díaz, ha hecho un nuevo reparto de papeles a la hora de distribuir protagonismo entre sus socios. <strong>Ha vendido como un acuerdo con los independentistas</strong> más de izquierdas <strong>las cesiones a los postulados</strong> en la materia <strong>que defendía</strong> dentro del gabinete la actual secretaria general de Podemos, <strong>la ministra Ione Belarra.</strong> <strong>Sánchez, con todas las encuestas en contra menos las oficiales del CIS</strong> que controla a través de José Félix Tezanos, necesitaba impulsar alguna medida que concitara el favor de todos sus socios y aliados para recuperar una imagen de unidad. Además, el proyecto puede empezar a tramitarse inmediatamente en el Congreso para que los candidatos socialistas en las grandes ciudades tengan un respaldo nacional a la hora de defender medidas ante un problema ciudadano tan grave como el precio de la vivienda. Hasta la semana pasada el PSOE ha sido renuente a la intervención del mercado inmobiliario por el Estado, con fijación de precios y áreas de las ciudades afectadas como defienden los partidos populistas. Es <strong>un giro que va incluso en contra de la tradición más moderna pues fue un Gobierno socialista de Felipe González en 1985</strong> el primero en dar un paso decisivo para la liberalización de los alquileres con un decreto que llevó el nombre del ministro de Economía de la época, Miguel Boyer. Esa normativa del primer Ejecutivo del PSOE acabó con las prórrogas automáticas de los arrendamientos heredadas de la etapa franquista, dio libertad de negociación a las partes y fomentó a la larga el crecimiento del parque de viviendas en el mercado. Las críticas de la oposición al proyecto de Sánchez y sus socios apuntan a las consecuencias que puede tener recuperar el intervencionismo del Estado: la reducción en la oferta de alquileres y hasta una subida mayor de los precios. La nueva ley del gabinete de coalición tiene tal <strong>tinte electoral</strong> que su futura aplicación, en el caso de que se apruebe, dependerá después del partido o bloque de partidos que gobierne en cada Comunidad autónoma, pues las competencias en la materia son de ámbito regional, e incluso local, en el caso de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
