<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha puesto en marcha los procedimientos necesarios para facilitar el voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, las primeras sin “voto rogado” desde 2011.</strong></h4> <strong>El pasado mes de octubre de 2022 entró oficialmente en vigor la ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para facilitar el voto de los españoles residentes en el extranjero</strong>, lo que puso fin a un sistema, el del voto rogado, cuya aplicación desde enero de 2011 se había traducido en un brusco descenso en la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El sistema del voto rogado obligaba a los españoles residentes en el extranjero a solicitar o rogar previamente el voto para participar en las elecciones generales, autonómicas o al Parlamento Europeo, cumpliendo para ello una serie de plazos muy breves tanto para la solicitud de la documentación electoral como para la remisión del voto por correo postal o su depósito en urna. Tales circunstancias, unidas al tiempo que se requiere para reunir e imprimir la documentación a enviar, y la dependencia de los servicios de correos extranjeros, dificultaba el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa electoral, y con ello el ejercicio de este derecho fundamental a un número muy elevado de personas, en muy buena medida porque no recibían la documentación electoral a tiempo o porque se registraban incidentes en el envío posterior de sus votos por correo postal a las Oficinas Consulares. Por ese motivo, en las elecciones generales de 2011, 2015, 2016 y abril de 2019, menos del 10 por ciento de los electores solicitaron o rogaron el voto como consecuencia de la complejidad del procedimiento (con la excepción de las elecciones de noviembre de 2019, en las que los electores que habían solicitado la documentación en los comicios de abril –8,69 %– no necesitaron reiterar su solicitud, lo que, unido a las nuevas solicitudes, permitió alcanzar un porcentaje del 10,61 por ciento). Aparte, los niveles de participación fueron todavía más bajos, ya que se situaron entre el 4,73 y el 6,8 por ciento en las elecciones generales de 2011, 2015, 2016 y 2019, unos porcentajes que contrastan claramente con los datos medios de participación anteriores a la aprobación de la reforma de 2011, que oscilaron entre el 22,99% en 2000 y el 31,88% en 2008. Tal como recordó el pasado martes el Ministerio de Asuntos Exteriores con motivo de la presentación del Balance de la Actividad Consular 2022, una de las principales labores de los consulados es gestionar en el exterior los procesos electorales convocados en España. La supresión del voto rogado, prosiguió, facilitará y simplificará el ejercicio de ese derecho. <strong>“Los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) recibirán ahora la documentación sin necesidad de solicitarla previamente, podrán imprimir las papeletas en su domicilio y contarán con más días y lugares para depositar el voto en las urnas o enviarlo por correo”</strong>, añadió. Más concretamente, a partir de ahora los electores podrán enviar su voto por correo a los consulados más de veinte días antes de la celebración de la jornada electoral. En este caso, los electores en el extranjero podrán descargarse las papeletas por vía telemática y enviar su voto por correo al consulado correspondiente a partir del 2 de mayo y hasta el día 23. “<strong>Es decir, que podrán votar antes incluso del inicio de la campaña electoral, que tendrá lugar el día 12 de mayo</strong>, siempre y cuando no haya impugnación a las candidaturas, en cuyo caso el proceso se retrasará”, según recordó el diario digital especializado <em>España Exterior</em>. Por otra parte, y ésta es la principal novedad, los electores residentes en el extranjero inscritos en municipios de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y La Rioja, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, <strong>recibirán la documentación para poder votar de oficio, sin necesidad de solicitud previa.</strong> Según recordó el Gobierno a través del BOE, esta reforma de la Ley Orgánica pretende “responder a las demandas de la colectividad española en el exterior y suprimir el requisito de que los españoles residentes en el extranjero tengan que solicitar o rogar el voto, lo que permitirá que todos reciban la documentación de oficio en su domicilio”. La reforma mantiene la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente (entre el 2 y el 23 de mayo) en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada al efecto e incluye una ampliación de tres a siete días de los plazos para el depósito del voto en urna en los centros habilitados (en este caso, del 20 al 25 de mayo). Precisamente, <a href="https://boe.es/boe/dias/2023/04/11/pdfs/BOE-A-2023-9013.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>el BOE </strong></a>publicó, el pasado martes, la resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores por la que se determina la relación de centros habilitados en el extranjero para el depósito de voto en urna en las elecciones autonómicas de 28 de mayo. Además, se amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general. Con estos cambios, según el citado diario, “no sería de extrañar que en estas próximas elecciones se registre un importante aumento de la participación”. La modificación de la LOREG fue aprobada por el Congreso y el Senado los pasados 9 de junio y 21 septiembre a partir de una proposición de ley presentada, en febrero de 2021, por el Grupo Socialista y el Grupo Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. El voto rogado fue introducido en 2011 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV.
