Pedro González
Periodista
Hace tiempo que las reglas de la democracia no son aceptadas de buen grado, o boicoteadas directamente, en una parte cada vez más grande de la geografía que hasta ahora disfrutaba del “peor sistema de gobierno con exclusión de todos los demás”. Se hace simultáneamente cada vez más habitual la deslegitimación de los resultados electorales cuando favorecen a las opciones de centro y derecha moderada. Por lo emblemático de su historia, Francia es ya uno de los más claros ejemplos en donde la opinión mayoritaria de la sociedad a través de sus electores es descalificada con mayor descaro por los nostálgicos de la bronca y de la presunta revolución pendiente o permanente.
El presidente francés, Emmanuel Macron, que no sólo obtuvo una victoria aplastante para su reelección al frente del país, sino también una ventaja considerable en las legislativas, ha obtenido también el aval del Consejo Constitucional a la medida legislativa estrella de su mandato: la reforma del sistema de pensiones, y esencialmente el retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Ni era una reforma sobrevenida que no hubiera incluido en su programa ni tampoco la aprobó sin respaldo legislativo suficiente, puesto que una buena parte de Los Republicanos (LR), los antiguos gaullistas, votaron ampliamente a favor.
Los “Nueve Sabios” (así se les llama comúnmente) que componen el Consejo Constitucional (CC), avalaron por unanimidad y sin fisuras lo esencial de la reforma, admitiendo de paso que “no hubo comportamiento inconstitucional alguno en los procedimientos del Gobierno”, aunque advirtiendo que pudo haberlo hecho de otra manera. Como remate, además, el CC desestimó una solicitud de referéndum de iniciativa compartida (RIP), interpuesta por la izquierda, que, de haber sido admitida, hubiera permitido recoger los 4,8 millones de firmas necesarias para celebrar una consulta inédita que echara abajo la reforma aprobada.
Al margen del contenido mismo de la reforma, que ni siquiera equipara sino que tan solo aproxima un poco la edad de jubilación de los franceses a las de sus colegas y vecinos europeos de Alemania, Italia o España, la realidad es que, tan pronto como se supo lo decretado por el CC, la reacción de las fuerzas más extremistas, así como de los sindicatos demuestra su inequívoca disposición a imponer sus tesis y a no respetar las reglas de la democracia.
El sulfúrico líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, llamó a “continuar la lucha”, en la que sus huestes han secundado a lo largo y ancho de Francia los incidentes, destrozos y saqueos de todos estos meses. El sindicato de raigambre comunista Confederación General del Trabajo((CGT) también llamó a la “movilización popular”, llamamiento que de inmediato tradujeron buena parte al menos de sus militantes y simpatizantes en los incendios, altercados y destrozos habituales en París y muchas otras capitales de departamento del país.
La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, ha propuesto a las otras siete grandes organizaciones sindicales francesas una actuación conjunta y coordinada para elevar el nivel de las protestas hasta confluir en el próximo 1 de mayo, que augura como “fecha histórica” para echar abajo lo aprobado por Congreso y Senado y avalado por el CC.
Tampoco se queda atrás la extrema derecha, que capitanea la tantas veces derrotada candidata a las presidenciales Marine Le Pen. La líder del Reagrupamiento Nacional (RN), al menos utilizó un lenguaje menos revolucionario, al afirmar que “la suerte política de la reforma de las pensiones no está sellada”, al tiempo que llamaba a sus votantes a prepararse para la alternancia [en el poder] y revertir esta reforma innecesaria e injusta”.
Buena parte de los analistas locales apuntan a que la estrategia de la izquierda y los sindicatos es convertir a Francia en un país ingobernable, en la estela de lo que sus homólogos de América Latina están implantando progresivamente en varios países de aquel continente, en los que o bien gobierna la izquierda o si es la derecha la que llega al poder, se verá deslegitimada continuamente, además de sometida a la continua presión de las algaradas, las manifestaciones violentas y el hostigamiento continuo a todos y cada uno de sus representantes en las diferentes instancias de la Administración.
No son, pues, buenas noticias. Francia, quizá demasiado enaltecida por el relato de su Revolución de 1789, puede encabezar ahora la cuesta debajo de la desaparición de la democracia tal y como la conocemos, una vez que la izquierda ha desempolvado uno de sus principios políticos rectores de la primera mitad del siglo XX: el que rezaba que la democracia no era más que una etapa hacia la meta final, que no es otra que la revolución.
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