<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Horas antes de que hoy se celebre la Junta de Accionistas en la que Ferrovial puede decidir trasladar su sede a Países Bajos, el Gobierno redobló su presión sobre la cúpula de la empresa, en un intento por evitar que eso suceda.</strong></h4> Ayer, <strong>la ministra de Hacienda, María Jesús Montero</strong>, insistió en que <strong>"las razonas esgrimidas"</strong> para el traslado de Ferrovial a Países Bajos -no poder cotizar en la bolsa de Estados Unidos- <strong>"no se corresponden con el espíritu de la legislación"</strong>, no teniendo, en ese sentido, "nada que ver con el día a día de lo que puede hacer cualquier empresa que está ubicada en España". Estudiada la legislación "con detalle", afirmó Montero, el Gobierno entiende que "<strong>no hay ninguna razón del tipo esgrimido por Ferrovial para trasladarse de sede</strong> y eso lo tiene que conocer la Junta de Accionistas y la empresa para que, efectivamente, si tiene algún otro motivo para trasladarse sea ése el que impere" para "luego no llamarse a engaño". Sobre la posibilidad de que, con su traslado, la empresa pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el Impuesto sobre Sociedades, la ministra dijo que que "la legislación es clara”. <strong>“Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa".</strong> Montero explicó que "esto es lo que dice la Ley, sin que eso implique, en ningún caso, que se tenga que trasladar a este caso concreto porqu<strong>e será en el momento oportuno, cuando la Agencia Tributaria conozca la situación real y concreta, la que tendrá que valorar</strong> si las razones de la empresa son o no las que se corresponden con la legislación vigente". De todos modos, <strong>Montero precisó que sus palabras no prejuzgan el veredicto final de la Agencia Tributaria</strong> que, aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda, es teóricamente un organismo independiente. Por su parte, <strong>el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños</strong>, dijo dirigiéndose al<strong> presidente de Ferrovial, Rafael del Pino</strong>, que los<strong> accionistas</strong> de la empresa “tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen pero también<strong> tienen todo el derecho a conocer la verdad</strong>". El Gobierno considera que la verdad es que no hay motivos económicos para el traslado, porque cree que hay posibilidad legal de cotizar en Estados Unidos desde España. Mientras se producía esta ofensiva gubernamental, se conoció que <strong>el fondo soberano noruego Norges, ha decidido finalmente votar a favor del cambio</strong>, modificando la postura que había anunciado días atrás y favoreciendo que la familia del Pino pueda lograr su objetivo. Desde las filas del <strong>PP, su coordinador general, Elías Bendodo, calificó ayer de "absolutamente escandaloso" el "intervencionismo y el insulto"</strong> del Gobierno a empresas como Ferrovial y garantizó que eso "no pasará" con un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, l<strong>a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso</strong>, cuestionó en declaraciones a la Cope, <strong>la imagen que da España hacia el exterior</strong> con la marcha de Ferrovial a Países Bajos. "Si me viese en una situación como esa, pensaría por qué decide marcharse y cómo, con incentivos y en positivo, convencerlo de que se quede en casa, pero nunca tratarla así", afirmó, al tiempo que dijo que lo que está pasando con Ferrovial, <strong>no pasaría con una administración como la que ella preside.</strong> Apuntó que cuando una compañía busca dónde asentarse una de las cosas de las que se informan es "cómo políticamente están las cosas" y aseguró que España está "en manos de un Gobierno que como el empresario decida algo que no le convenga le van a machacar vivo". <strong>El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi</strong>, afirmó que "<strong>presionar" a Ferrovial para que no se traslade a Países Bajos "no es la forma más adecuada" de conseguir que se quede</strong>. Según Garamendi, está claro que el traslado se puede hacer y Ferrovial ha explicado los motivos que tiene. “Hay que tener respeto a lo que la compañía está planteando”. Ferrovial celebra hoy su Junta en Madrid y podrá llevar a cabo la operación de traslado siempre que la cantidad que tenga que pagar a los accionistas que ejerzan el derecho de separación por mostrarse en contra de la operación no exceda los 500 millones de euros. "Esperamos que se produzca con serenidad", manifestó el director de comunicación de Ferrovial, Francisco Polo.
