<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La delegación del Parlamento Europeo que visitó esta semana a España para investigar “de primera mano” el presunto uso del programa de espionaje <em>Pegasus</em> aseguró ayer, sin acusar expresamente, que las </strong><strong>“pistas</strong><strong>” apuntan a Marruecos como responsable de la trama. Asimismo, lamentaron que no hubieran sido recibidos por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y recomendaron </strong><strong>“encarecidamente” a España que “invite a Europol a ayudar en el examen forense de los dispositivos”. </strong></h4> <strong>Diez eurodiputados de la comisión del Parlamento Europeo sobre los programas de espionaje se reunieron en Madrid el 20 y 21 de marzo con autoridades nacionales y regionales, periodistas y ONG</strong>. La delegación estaba encabezada por el presidente de la comisión de investigación, Jeroen Lenaers (PPE, Países Bajos) y entre sus miembros figuraban los españoles Juan Ignacio Zoido (PPE), Diana Riba i Giner (Verdes/EFA), Ibán García del Blanco (S&D) y Jorge Buxadé (ECR) y la ponente de la investigación, Sophie In ‘t Veld (Renew, Países Bajos). La misma delegación efectuó otras misiones anteriores en Israel, Polonia, Grecia, Chipre y Hungría. Durante su visita, los eurodiputados se entrevistaron con el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, y con víctimas del espionaje, como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, la consejera catalana de Acción Exterior, Meritxell Serret, y el concejal en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall. También mantuvieron encuentros con los miembros de la comisión de investigación sobre <em>Pegasus</em> en el Parlamento catalán, un representante de la oficina del Defensor del Pueblo, ONG que trabajan en el ámbito de los derechos fundamentales y periodistas. La visita concluyó con una rueda de prensa, en la que Lenaers declaró que la visita, “como las anteriores a Israel, Polonia, Grecia, Chipre y Hungría”, les ha “dado ideas para la reflexión ahora que estamos preparando nuestras recomendaciones sobre lo que deben hacer los Estados miembros y la UE para garantizar la protección de, entre otros, los derechos a la privacidad y las comunicaciones”. <strong>“Creemos que España cuenta con un sistema judicial independiente con las salvaguardas necesarias, pero también vemos que hace falta aplicar en la UE nuevas reglas para evitar casos de abuso y hacer frente a este nuevo método de espionaje”</strong>, agregó. <strong>En cuanto a los posibles responsables de la trama de espionaje, los miembros de la delegación admitieron que “no está claro quién espió” a los miembros del Gobierno, pero advirtieron de que “las pistas” apuntan a Marruecos</strong>, una sospecha que se hace aún “más plausible” por la negativa de algunas de las personas con las que se han entrevistado a profundizar en el tema por “miedo a las represalias”. Asimismo, la delegación <strong>lamentó que no hubiera sido recibida por Félix Bolaños (en su lugar se reunieron con el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pascual Navarro)</strong>, pero se negaron a acusar al Gobierno de obstaculizar los trabajos de la comisión en España. Por su parte, la ponente <strong>Sophie In ‘t Veld</strong> advirtió de que los programas de espionaje deben ser “una herramienta para casos excepcionales y muy definidos” y lamentó, por ello, la excesiva amplitud de “la definición actual de amenazas a la seguridad nacional” y la falta de “transparencia y mecanismos de reparación para las personas espiadas”. “El hecho de que el espionaje se considerara legal pero no se presentaran cargos contra las personas espiadas deja preguntas sin responder”, prosiguió. <strong>“Además, si la vigilancia de políticos, abogados y sociedad civil era legal y estaba debidamente autorizada, ¿por qué llevó a la dimisión de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (Paz Esteban) y a una reforma de su marco legal? Necesitamos claridad de las autoridades”</strong>, preguntó. “El Defensor del Pueblo evaluó los casos únicamente desde el punto de vista de la legalidad procesal, no de la proporcionalidad” y, como consecuencia de ello, afirmó, “para 47 casos no hay explicación alguna, lo que deja a las víctimas desamparadas”. <strong>“La carga de la prueba recae injustamente sobre las personas espiadas, que dependen de los mismos organismos que usaron los programas espía en su contra para obtener pruebas”</strong>, advirtió. <strong>“Recomendamos encarecidamente a las autoridades españolas que inviten a Europol a ayudar en el examen forense de los dispositivos”</strong>, concluyó. La comisión de investigación del Parlamento Europeo ha encargado estudios, organizado audiencias con expertos y enviado delegaciones a Israel, Polonia, Grecia, Chipre y Hungría para investigar el uso de <em>Pegasus</em> y otros programas similares. Las conclusiones de la comisión, que incluyen recomendaciones para futuras acciones, serán sometidas a discusión y votación en el pleno del Parlamento Europeo. La votación en la comisión tendrá lugar esta primavera. <h5><strong>Cembrero y otros</strong></h5> La visita de la delegación se produce pocas fechas después de que un juzgado de primera instancia de Madrid desestimara una demanda de Marruecos contra <strong>Ignacio Cembrero</strong>, el periodista de <em>El Confidencial</em> que informó sobre la implicación de Rabat en el espionaje a los móviles de varios líderes españoles (entre ellos, Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura y ex embajador en Rabat, Luis Planas; la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; y la ministra de Defensa, Margarita Robles), e incluso a su propio teléfono móvil personal, a través del programa <em>Pegasus</em>. Cembrero tuvo, por primera vez, la convicción de ser espiado cuando leyó dos de sus WhatsApp en un artículo titulado “Cembrero, el ectoplasma de la Moncloa”, firmado por Hassan Alaoui, director de <em>Maroc Diplomatique</em>, una publicación afín a las autoridades marroquíes. Eran mensajes intercambiados con altos cargos del Gobierno español a propósito de la crisis con Marruecos. El caso se ha convertido en una “patata caliente” para el Gobierno español, también ha hecho todo lo posible por quitarse de encima para no enfadar a Rabat en pleno proceso de recuperación de las relaciones con el vecino del sur.
