<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Hace justamente un año, el Gobierno español dio un brusco volantazo a su postura tradicional sobre el Sáhara Occidental con su decisión de avalar el plan de autonomía de Marruecos “como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.</strong></h4> Aquel “giro histórico”, que ha sido rechazado por todo el resto del arco parlamentario, incluidos los socios de gobierno, permitió superar una gravísima crisis diplomática con Rabat al precio de iniciar otra con Argelia, principal suministrador de gas a España. También se plasmó en una creciente, y criticada, complicidad de España con Marruecos en materia de derechos humanos y en una hoja de ruta que ha contribuido a mejorar el comercio, a reducir la inmigración irregular y a iniciar la apertura, de momento inconclusa, de las aduanas terrestres con Ceuta y Melilla. <strong>“España considera la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”</strong>, declaró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la carta a Mohamed VI, enviada el 14 de marzo de 2022 y que solo pudo conocerse públicamente unos días más tarde a través de los medios marroquíes. Aquella decisión, que modificaba radicalmente la posición de España respecto a su antigua colonia, condujo a la celebración, el <strong>7 de abril, de un encuentro en Rabat entre el jefe del Ejecutivo y el Rey marroquí en el que se adoptó la hoja de ruta que habría de marcar la nueva etapa de las relaciones bilaterales.</strong> Desde entonces, además de las diversas reuniones de los grupos de trabajo establecidos por la hoja de ruta (por ejemplo, el de delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica, un asunto especialmente importante para Canarias y sobre el que todavía no hay resultados concluyentes) y de <strong>los numerosos encuentros personales del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con su homólogo de Marruecos, Nasser Bourita</strong>, el momento culminante se produjo a principios de febrero en Rabat con la celebración de la duodécima <strong>Reunión de Alto Nivel (RAN)</strong> entre España y Marruecos, la primera desde 2015. <h5><strong>La RAN y las aduanas</strong></h5> El encuentro de Rabat, que comenzó con polémica por el plantón de Mohamed VI a Pedro Sánchez, concluyó con una <strong>Declaración Conjunta</strong> en la que ambas partes expresaron su deseo de “enriquecer” las “relaciones de excelencia que siempre les han unido”, reiteraron su “compromiso con los derechos humanos” y se comprometieron a “promover el comercio y la inversión”. En cuanto al Sáhara Occidental, España reiteró su posición a favor del plan marroquí de autonomía. Aparte, Pedro Sánchez aseguró ante el plenario de la RAN que ambos países habían llegado a un “compromiso de respeto mutuo” por el que tanto en su discurso como en su práctica política se va <strong>“a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía”.</strong> Estas palabras, obviamente, aludían, sin mencionarlas, a las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla y a la situación del Sáhara Occidental. <strong>La RAN contó con la participación de los miembros socialistas del Gobierno y con la ausencia de los ministros de Unidas Podemos</strong>, socio minoritario en el Gobierno de coalición, que ha criticado reiteradamente la decisión de Pedro Sánchez de reconocer el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Según explicó Albares en el Congreso a finales de febrero (por tanto, varias semanas después de la RAN), la nueva etapa de las relaciones con Rabat se ha traducido en numerosos “resultados concretos”, como la desarticulación de redes criminales y terroristas, la instalación de más de un millar de pymes españolas en Marruecos, el incremento del comercio, la creación de las bases para que las empresas españolas accedan al plan de inversión de Marruecos, un descenso considerable de las inmigraciones irregulares (69% en Andalucía y 82% en Canarias respecto a 2022), un aumento de la cooperación cultural y el inicio de la <strong>apertura de las fronteras terrestres y de las aduanas en Ceuta (donde nunca ha habido una aduana) y Melilla (cerrada desde 2018).</strong> Respecto a este punto, hasta la fecha solo se han llevado a cabo dos pruebas piloto de expedición comercial, una el 27 de enero, días antes de la RAN, y otra el 24 de febrero, para detectar e intentar resolver los problemas, pero sigue sin haber fechas concretas, lo cual ha generado cierta preocupación en las dos ciudades autónomas y la aprobación, la semana pasada, de una resolución en el Senado -propuesta por el PP y rechazada por el PSOE- para que se haga público el calendario de apertura. <h5><strong>Rechazo parlamentario, Argelia y DDHH</strong></h5> En todo caso, y al margen de los mayores o menores avances en las relaciones con Marruecos, el volantazo no le ha salido gratis al Gobierno, que no solo se ha enfrentado al <strong>rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios (incluido Unidas Podemos), sino que ha contribuido a deteriorar gravemente las relaciones con Argelia, principal suministrador de gas a España, en un momento especialmente delicado por la crisis energética derivada de la guerra de Rusia en Ucrania. </strong> Aparte, el Gobierno ha incrementado el malestar por lo que parece una excesiva complacencia hacia Marruecos en todos los foros, tanto nacionales como internacionales. Pocas fechas antes de la celebración de la RAN<strong>, los eurodiputados socialistas españoles votaron en el Parlamento Europeo en contra de una resolución crítica con la situación de los derechos humanos en Marruecos</strong>, en nombre de la “responsabilidad y en pro de unas relaciones bilaterales francas basadas en el diálogo y el entendimiento”. Asimismo, varios partidos del arco parlamentario, desde PP a EH Bildu, se han interesado en las Cortes Generales o en el Parlamento Europeo por el “acoso judicial” de Marruecos a <strong>Ignacio Cembrero</strong>, el periodista de <em>El Confidencial</em> que informó sobre la implicación de Rabat en el espionaje a los móviles de varios líderes españoles (entre ellos, Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura y ex embajador en Rabat, Luis Planas; la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; y la ministra de Defensa, Margarita Robles), e incluso a su propio teléfono móvil personal, a través del programa <strong><em>Pegasus</em>,</strong> una “patata caliente” que el Gobierno español también ha hecho todo lo posible por quitarse de encima para no enfadar a Rabat. Para complicar más el panorama, los diputados del PSOE votaron el pasado 14 de febrero en el Congreso en contra de <strong>una proposición de Ley para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis</strong> nacidos antes de la retirada de España en 1976 y a sus descendientes.
