Pedro González
Periodista
Es la primera vez en la historia del Estado de Israel en que su principal emblema y garante de su seguridad nacional, o sea parte de sus Fuerzas Armadas, cuestiona seriamente al Gobierno, que ha llegado a esgrimir el término “insubordinación”.
A las crecientes manifestaciones, en intensidad y número, que todas las semanas muestran a la coalición de gobierno, liderada por Benjamin Netanyahu, su disgusto y radical oposición al proyecto de reforma de la Justicia, se unieron el pasado domingo 37 de los 40 pilotos reservistas del 69º Escuadrón de Combate de las Fuerzas Aéreas. En la carta dirigida a su comandante, los pilotos anunciaron su intención de no celebrar las sesiones de entrenamiento aéreo previstas para este miércoles, y en su lugar celebrar debates fuera de las instalaciones oficiales de Jerusalén “para salvaguardar la democracia y la unidad del pueblo”.
A esta misiva ha seguido una carta abierta de los diez exjefes aún vivos de las Fuerzas Aéreas de Israel, desde el mayor general Dan Tolkovsky, que lo fuera entre 1953 y 1958, hasta el también mayor general Amikam Norkin, que las comandara hasta 2022. Los cuatro jefes históricos que no han firmado la misiva han fallecido. El texto, dirigido tanto al primer ministro, Benjamin Netanyahu, como al ministro de Defensa, Yoav Gallant, señala “la grave preocupación con la que siguen los procesos que están ocurriendo en el Estado de Israel y en particular en la fuerza aérea en este tiempo”… “Tememos las consecuencias que tales procesos representan para la seguridad nacional”.
Tras enfatizar la excelente e intachable motivación de los pilotos reservistas en los servicios que prestan continuadamente al Estado, requieren al Gobierno a que “detengan el proceso [de la reforma judicial] y encuentren una solución a la mayor brevedad posible”.
Aunque no lo menciona explícitamente, esta iniciativa sigue a las discusiones que se están produciendo en los cuartos de banderas de los cuarteles de Fuerzas Armadas de Israel (IDF). Otra carta circulada en el seno de uno de los cuerpos de élite, la famosa Unidad 8200, había recogido hasta este martes más de 500 firmas, según información de The Jerusalem Post.
La situación se ha vuelto tan grave que el ministro de Defensa, al tiempo que ha manifestado su disposición a entablar ese diálogo, denuncia la “insubordinación” que supondría la extensión de estas protestas, “que dañarían la capacidad de Israel para realizar sus misiones”. Algo en lo que también ha insistido el actual jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi: “No permitiré que se dañen las capacidades de IDF para actualizar su misión existencial de salvaguardar la seguridad de la nación”.
Sin desautorizar su derecho a la protesta, en este caso por mostrar su desacuerdo con una reforma que a su parecer asestaría un golpe decisivo a Israel como Estado democrático, otros generales en activo así como el anterior primer ministro y titular de Defensa, Benny Gantz, han llamado a los pilotos reservistas a “cumplir con sus compromisos en sus respectivas unidades, tanto hacia sus subordinados como a sus superiores así como hacia el Estado de Israel, asegurando la protección de sus ciudadanos”.
En el seno del Gobierno, el controvertido ministro de Seguridad, Ben-Gvir, ha cargado las tintas contra la oposición, a quién ha culpado de gran parte de los numerosos incidentes que están jalonando las protestas. Ben-Gvir, que dice reconocer el derecho a la protesta como “un derecho fundamental esencial en la democracia”, dijo estar dispuesto a “impedir la anarquía y la incitación a dañar al Estado de Israel”.
El actual jefe de la oposición y anterior primer ministro, Yair Lapid, le respondió de inmediato: “El único responsable del caos y de la profunda división que se está produciendo en la sociedad israelí y en el seno de las IDF es el Gobierno más destructivo en la historia de nuestro país”.
Por el momento, y a pesar de los llamamientos al diálogo con los opositores del presidente Isaac Herzog, el primer ministro Netanyahu sigue empeñado en llevar a término su reforma, que cortaría la independencia del poder judicial, en especial la del Tribunal Supremo para anular por inconstitucionales leyes o normas aprobadas por la Knesset. Netanyahu señala que el objetivo de la reforma es “el reequilibrio de poderes”. Los que protestan con más vehemencia advierten de que, caso de llevarse a cabo la reforma, Israel dejaría de ser un Estado plenamente democrático con riesgo de convertirse en “una república bananera”.
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