<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros aprobó el martes la firma <em>ad referendum </em>de los tratados con Nigeria sobre cooperación judicial en materia penal, extradición y traslado de personas condenadas, al tiempo que autorizó su remisión a las Cortes Generales y el consentimiento de España para obligarse por dichos tratados.</strong></h4> Los tres tratados (asistencia judicial mutua en materia penal, extradición y traslado de personas condenadas) son <strong>“</strong>fruto del deseo de ambos países de reforzar sus vínculos y de regular las relaciones” en estos tres ámbitos, según el Gobierno. Tanto en materia de asistencia judicial penal como de extradición, los vínculos entre los dos países se han regido hasta la fecha por el principio de reciprocidad internacional. <strong>Las propuestas iniciales sobre estos tres tratados fueron presentadas por España en julio de 2019</strong>, tras lo cual ambos países se intercambiaron observaciones de contenido respecto de estas propuestas iniciales. En un primer momento, <strong>se intentó que la firma de los tres tratados tuviera lugar durante la visita efectuada el pasado mes de junio a España por el presidente de Nigeria,</strong> <strong>Muhammadu Buhari</strong>. Sin embargo, debido a la falta de tiempo suficiente para obtener previamente la autorización del Consejo de Ministros, <strong>España propuso la firma <em>ad referendum</em> de los tres textos, que tuvo lugar en Madrid el pasado 1 de junio en presencia del mandatario nigeriano. </strong>El Consejo de Estado ha dispuesto que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por estos tratados requiere la previa autorización de las Cortes Generales. El primer tratado regula, con carácter general, l<strong>a prestación de asistencia jurídica mutua en procedimientos de índole penal</strong> que tengan lugar en alguno de los dos países, estableciendo las modalidades de dicha asistencia y las peculiaridades de su procedimiento. Asimismo, el t<strong>ratado de extradición</strong> pretende establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional en materia penal que facilite la entrega de fugitivos entre ambos países y evitar cualquier atisbo de impunidad que pueda existir especialmente en supuestos de criminalidad organizada y delitos transfronterizos. Por último, los objetivos del acuerdo sobre t<strong>raslado de personas condenadas</strong> son establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional, facilitar el cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas en el extranjero en el país de la nacionalidad del condenado, combatir el desarraigo social producido por el internamiento en un país distinto al de origen y favorecer la integración.
