<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advirtió ayer a Bélgica de que no puede negarse a ejecutar una euroorden emitida por España basándose únicamente en la supuesta falta de competencia del Tribunal Supremo para emitir estas órdenes o en el riesgo de “vulneración de los derechos fundamentales del encausado” si no puede demostrar las pretendidas “deficiencias sistémicas y generalizadas” de la Justicia española. La sentencia abre la posibilidad de volver a pedir la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.</strong></h4> El Tribunal de Luxemburgo falló esta decisión después de que <strong>el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo</strong>, acudiera en marzo de 2021 al TJUE debido a la negativa de la Justicia belga a entregar al exconseller Lluis Puig, por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no el Tribunal Supremo, y que podrían vulnerarse sus derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, en caso de ser entregado. <strong>“Una autoridad judicial de ejecución no puede negarse, en principio, a ejecutar una orden de detención europea (ODE) basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en el Estado miembro emisor”</strong>, advirtió el Tribunal europeo en su <a href="https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230019es.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>sentencia</strong></a>, en la que no cabe recurso y es de obligado cumplimiento. A juicio del TJUE, la autoridad belga responsable de la ejecución de la euroorden no tiene capacidad para cuestionar las competencias del Tribunal Supremo para reclamar una extradición y, por tanto, tampoco puede negarse a ejecutar la euroorden por ese motivo. Por otra parte, el TJUE recuerda que “dicha autoridad deberá, no obstante, negarse a ejecutar dicha orden si comprueba que en ese Estado miembro hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial y que el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en dicho Estado miembro es manifiestamente incompetente para ello”. No obstante, advirtió, para que ello sea así las autoridades judiciales de ejecución (en este caso, las belgas) <strong>deberían demostrar que existen deficiencias “sistémicas y generalizadas” en el sistema judicial del Estado miembro solicitante de la extradición.</strong> Por tanto, <strong>“la autoridad judicial de ejecución únicamente podrá denegar la ejecución basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada si llega a la conclusión de que, por una parte, esas deficiencias existen en el Estado miembro emisor, y, por otra parte, la falta de competencia de dicho órgano jurisdiccional es manifiesta”</strong>, afirma la sentencia. Asimismo, el Alto Tribunal recuerda que los principios de confianza y de reconocimiento mutuos entre los Estados miembro “constituyen la piedra angular” del sistema de cooperación judicial que enmarca las euroórdenes. Aparte, <strong>el tribunal europeo también concede a Llarena la posibilidad de dictar una nueva orden europea de detención contra Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig </strong>por los presuntos delitos de sedición y malversación porque, según la sentencia, un juez puede emitir varias órdenes europeas de detención sucesivas contra una misma persona “con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que dicho Estado se haya negado a ejecutar una primera ODE dirigida contra esa persona”, siempre y cuando la ejecución de la nueva orden de detención no dé lugar “a una vulneración de los derechos fundamentales de dicha persona”. El pasado mes de julio, el abogado general del TJUE, Jean Richard de la Tour, ya advirtió de que la Justicia de Bélgica no puede denegar la entrega del ex presidente catalán Carles Puigdemont y de otros políticos implicados en el <em>Procès</em> si no demuestra “deficiencias sistémicas y generalizadas” en el sistema judicial de España. Tras la decisión del Tribunal de Luxemburgo, <strong>Carles Puigdemont</strong> volvió a denunciar ayer la “persecución” de que es objeto por sus ideas políticas y aseguró que va a seguir “luchando”, ya que no tiene ninguna intención de regresar a España para “entregarme o rendirme”. Asimismo, aseguró ante los periodistas -acompañado por los exconsellers huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí y por su abogado Gonzalo Boye- que la sentencia del TJUE deja las extradiciones en “vía muerta” porque impone una serie de condiciones, junto a la presentación de nuevas euroórdenes, que en la práctica “las hacen inviables”.
