The Diplomat
La Comisión Europea inició este viernes un procedimiento de infracción contra España y otra veintena de países por no haber modificado su legislación nacional para adaptarse a la nueva normativa comunitaria que permite la protección de los intereses de los consumidores mediante la presentación de acciones colectivas, un trámite que los países de la UE debían haber cumplido el pasado diciembre.
La Directiva sobre acciones de representación de 2020 pretende garantizar que todos los consumidores europeos se beneficien plenamente de los derechos que les confiere la legislación de la Unión.
Para ello, concede a las entidades habilitadas para ello (por ejemplo, las organizaciones de consumidores) la posibilidad de emprender acciones colectivas en representación de los consumidores e introduce mayores poderes sancionadores para las autoridades de consumo de los Estados miembros y permite, mediante estas demandas colectivas, la posibilidad de solicitar reparación a los grupos de consumidores que se hayan visto perjudicados por una práctica comercial ilegal.
Dado que la Directiva entró en vigor en diciembre de 2020, los Estados miembros tenían dos años para transponerla a su legislación nacional e informar a la Comisión. “Lamentablemente, aunque en la mayoría de los Estados miembros se está trabajando en la adopción de las leyes, un gran número de Estados miembros no notificaron las medidas nacionales de transposición completa de la Directiva en el plazo fijado, el 25 de diciembre de 2022, por lo que recibirán cartas de emplazamiento”, afirmó la Comisión.
Los Estados miembros que recibirán estas cartas de emplazamiento son Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.
