<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron en 2022 un total de 73 leyes (leyes orgánicas, leyes ordinarias y reales decretos), 42 de las cuales (el 57%) derivaron, de una forma u otra, de directrices o de decisiones de la UE.</strong></h4> Según informó este pasado viernes el <strong>Parlamento Europeo</strong> en una nota de prensa, <strong>21 de esas 42 normativas de origen europeo responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por la Eurocámara y el Consejo.</strong> Entre ellas figuran algunas tan significativas como la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2018 para adaptarse a la nueva realidad del mercado audiovisual; la Directiva que establece un espacio ferroviario único para la UE, el Reglamento sobre la nueva Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) o el Reglamento que recoge las normas que deberán aplicar los Estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la nueva Política Agrícola Común (PAC). A lo largo del año, las Cortes Generales aprobaron también, en respuesta a las decisiones adoptadas por la UE, varios paquetes de <strong>medidas dirigidas a paliar las graves consecuencias a nivel social, económico y energético de la guerra en Ucrania y que fueron incluidas en diversas leyes y Reales Decreto-ley.</strong> Otras iniciativas legislativas aprobadas, como resultado de la aplicación y transposición al ordenamiento español de reglamentos y directivas europeas, están relacionadas con residuos y suelos contaminados, telecomunicaciones, trabajadores del transporte por carretera, información financiera para investigar infracciones penales, igualdad de trato y no discriminación, Ley Concursal y Juzgados de lo Mercantil, Ley para la creación y crecimiento de empresas, regulación del juego o mercado de préstamos hipotecarios <strong>Las 21 normativas restantes derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas emanadas del Consejo, Comisión o Parlamento Europeo</strong> o de otras instituciones comunitarias. Es decir, respetan la línea de actuación marcada desde las instituciones de la UE. Estas iniciativas legislativas regulan materias relacionadas con la protección de los consumidores vulnerables, la sequía en el sector agrario, la seguridad de las comunicaciones 5G, la formación profesional, el mercado de la electricidad, la rehabilitación edificatoria, la temporalidad en los Servicios de Salud, el ahorro y la eficiencia energética, la reducción transitoria del IVA de los combustibles y la protección de los consumidores de energía y gas. <strong>Este es el tercer año consecutivo en el que la Oficina del Parlamento Europeo en España presenta estas cifras</strong>, que reflejan la influencia de las decisiones europeas en la política nacional. En los cuatro años precedentes, el porcentaje de leyes españolas derivadas de directivas y decisiones europeas osciló entre el 42% de 2019, el 50% en 2020, el 51% en 2001 y el 57% de 2022, el año con mayor registro de leyes con origen europeo desde que se iniciara este estudio. Las normativas de origen europeo aprobadas en estos años afectan a cuestiones como secretos empresariales, propiedad intelectual, crédito inmobiliario, el ámbito financiero, el terrorismo, el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la armonización del impuesto del IVA, la eficiencia energética, la armonización de la resolución de litigios fiscales en la UE, la elusión fiscal, el blanqueo de capitales, la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, la cadena alimentaria o la Ley Ómnibus de transposición de Directivas Europeas. “Por tercer año consecutivo, el estudio de la Oficina del Parlamento Europeo en España confirma que más de la mitad de la legislación que aprueban las Cortes Generales tiene origen europeo”, declaró <strong>Jaume Duch, director general de Comunicación y Portavoz del Parlamento Europeo.</strong> “El dato constata que la integración europea no es una aspiración de las instituciones comunitarias, es una realidad que influye en el día a día de la ciudadanía”, prosiguió. “Esa interdependencia entre las políticas nacionales y europeas es, precisamente en un momento de crisis económica, energética y social como el que atravesamos, más necesaria que nunca”, concluyó.
