<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La nueva presidenta de la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana, Dinorah Figuera, espera que el Gobierno español le brinde "garantías de protección" frente a la orden de arresto emitida contra ella por el régimen de Nicolás Maduro, ya que es una "asilada política".</strong></h4> <strong>El fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab</strong>, anunció el martes que solicitó a Interpol la emisión de una alerta roja de <strong>arresto contra la nueva junta directiva del Parlamento venezolano</strong> elegido a finales de 2015, de la que forma parte Figuera, así como <strong>Auristela Vásquez, segunda vicepresidenta,</strong> que trasladó recientemente su residencia desde Madrid a un pueblo de Toledo. La nueva presidenta, que reside actualmente en Valencia, asumió este mes las riendas de este órgano, en sustitución de Juan Guaidó, a quien sus compañeros apartaron del cargo tras poner fin al gabinete interino. <strong>Figuera afirmó que estuvo en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y espera una "respuesta positiva</strong>" en cuanto a "garantías de protección". "Conocen mi caso desde hace tiempo", explicó en una entrevista a <em>Europa Press</em> en la que reconoció que estaría plenamente localizable. "Estoy aquí en condiciones de asilo político", añadió, para acto seguido apuntar que los convenios internacionales firmados por España teóricamente le protegen de cualquier demanda de arresto que pueda surgir desde Caracas. La dirigente opositora condenó los esfuerzos "sistemáticos" de las autoridades venezolana para "criminalizar" y "estigmatizar" a la disidencia, aunque señaló que no tiran la toalla. "Estamos indoblegables", puntualizó. Figuera también evitó cuestionar la decisión del Gobierno español de elevar de nuevo al primer nivel el rango de las relaciones diplomáticas con Venezuela. En este sentido, atribuyó el reciente nombramiento de un embajador español en Caracas no tanto como "un apoyo a Maduro" sino como la constatación de las "necesidades" burocráticas de los venezolanos que residen en España, toda vez que la "estructura" administrativa de Venezuela sigue estando en manos del chavismo. Por su parte, <strong>Guaidó advirtió al Gobierno español</strong>, después de que este decidiera elevar a rango de embajador a su representante en Caracas, Ramón Santos,<strong> de que no es momento de "relativizar" al "dictador" Nicolás Maduro,</strong> que mantiene su "esquema sistemático de persecución" sobre la disidencia.
