<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Pedro Sánchez ha terminado 2022 con todos sus objetivos cumplidos, un gabinete estable pese a las constantes peleas internas y socios satisfechos con sus favores judiciales. Entra en 2023 dispuesto a todo para garantizarse la continuidad al frente del Gobierno otros cuatro años más.</strong></h4> Abonadas las facturas con sus socios separatistas, <strong>el jefe del Ejecutivo intenta centrar el debate público en la política económica y el reparto de ayudas antes de que el PSOE pase la primera prueba electoral del año, los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo.</strong> Después, a finales del año, vendrá el examen final de las urnas sobre el proyecto personal de Sánchez, el primer gobierno de coalición de socialistas y comunistas de la democracia española respaldado por todas las formaciones independentistas, herederos políticos de ETA (Bildu) incluidos. El “Gobierno Frankenstein”, como lo definió en 2016 Alfredo Pérez Rubalcaba, el anterior secretario general del PSOE, va a completar la legislatura en medio de <strong>una crisis institucional sin precedentes y con las encuestas en contra</strong>, pero con un jefe que amplía poderes e influencia con un poder judicial paralizado y celebra como logro personal la mayoría “progresista” que este año estrena el Tribunal Constitucional. <strong>Es la convocatoria de los comicios locales de mayo lo que más desestabiliza ahora a los partidos de la coalición del Ejecutivo</strong>: el PSOE, Podemos y la nueva marca que pone en marcha la vicepresidenta del gabinete Yolanda Díaz para agrupar a toda la extrema izquierda parlamentaria. Los presidentes socialistas de comunidades autónomas con más que perder en las elecciones y que no dependen de los independentistas y los podemitas como <strong>Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Javier Lambán (Aragón) se desmarcan de Sánchez y sus alianzas para no verse perjudicados en las urnas.</strong> En el otro lado, el principal partido de la oposición, e<strong>l PP, apuesta por pedir el voto útil a todo el electorado moderado y constitucionalista,</strong> incluido el procedente del PSOE, para castigar la deriva de Sánchez. En los comicios celebrados en Madrid y en Andalucía el mensaje les funcionó en las urnas para, con Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno, rozar o alcanzar sendas mayorías absolutas que han sido las más duras derrotas del sanchismo. El partido que preside Alberto Núñez Feijóo <strong>aspira a ganar esas elecciones y aumentar el número de gobiernos autonómicos que controla</strong> hasta inclinar el mapa regional hacia sus siglas con el fin de presentarse <strong>con garantías de éxito en los comicios generales de final de año.</strong> Aunque casi todos gracias a pactos con el resto de la izquierda, independentistas y/o fuerzas de ámbito local, los socialistas dirigen 9 de los 12 ejecutivos regionales en juego: los de la Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón, Baleares, Navarra, La Rioja, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha. El PP da por garantizada su actual hegemonía en Madrid y Murcia y aspira a que el desgaste socialista decante para el centro derecha autonomías antiguos feudos como La Rioja, e incluso en otras de más peso como la Comunidad Valenciana. La gran incógnita es si a los barones del PSOE como García-Page les sale la jugada de desmarcarse públicamente de Sánchez para evitar la fuga de votos. Para mantener sus gobiernos de coalición,<strong> los socialistas tienen el problema añadido de la tendencia en general a la baja de sus aliados de Podemos</strong> después de verse sometidos al examen de la gestión y retratados a la vez en sus constantes luchas internas. A la división del movimiento político levantado por Pablo Iglesias se suma además <strong>el proyecto personal de Yolanda Díaz</strong>, la vicepresidenta del Gobierno que, a la sombra de Sánchez, se propone agrupar a toda la extrema izquierda. A los comicios autonómicos ni siquiera presenta candidaturas como tal. En el terreno de las alianzas poselectorales<strong> el PP se encontrará con el problema de Vox para sumar mayorías de centro derecha</strong> frente a socialistas, podemitas e independentistas. La formación que dirige Santiago Abascal ejerce de oposición y vota con la izquierda en contra de los ejecutivos del PP en que no está como acaba de ocurrir en Madrid, en la Comunidad y ayuntamiento de la capital. Y en la Junta de Castilla y León, donde gobierna en coalición, los de Vox hacen el mismo papel que los populistas de Podemos en los gabinetes del PSOE: su radicalidad e inexperiencia les convierten en un lastre. Todo el ejercicio político que empieza será en la práctica <strong>una campaña electoral permanente en todos los ámbitos y niveles del Estado:</strong> ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y los gobiernos de las 12 comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero antes de esa campaña Sánchez tendrá que abrir una crisis en su gobierno para cambiar al menos a dos de sus miembros, Reyes Maroto y Carolina Darias, destinadas a disputar las alcaldías de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria respectivamente. Justo después de esas elecciones, <strong>el jefe del Ejecutivo se agarrará a la presidencia de la Unión Europea</strong> que le toca ocupar por turno como plataforma de promoción personal con la vista puesta en los comicios de fin de año. Es el papel que ahora más le gusta, el de “actor global” y “líder europeo” que representa desde el Palacio de la Moncloa y en el que tiene depositadas sus esperanzas para hacer olvidar la naturaleza y las costuras de su “Gobierno Frankenstein”.
