<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El pleno del Senado aprobó ayer por amplísima mayoría, aunque con modificaciones, el Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, penúltimo paso de la tramitación parlamentaria antes de su ratificación y su definitiva sanción por parte del Rey. </strong></h4> “Gracias a los 260 síes del Senado a la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible estamos más cerca de su aprobación definitiva”, declaró <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares</strong>, a través de su cuenta oficial de Twitter. Se trata, prosiguió, de “una ley necesaria, demandada y de consenso que permitirá una mayor eficacia de nuestras políticas”. <strong>La propuesta fue aprobada con 260 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. Dado que el texto ha sido aprobado con modificaciones, la iniciativa deberá volver al Congreso de los Diputados para un último debate en el pleno con las enmiendas adoptadas por el Senado</strong>. En la votación de la Cámara Baja, celebrada el pasado 24 de noviembre, el resultado fue de 201 votos a favor, 52 en contra y 94 abstenciones. Los votos afirmativos han procedido en ambas Cámaras del PSOE y de sus socios y aliados y los negativos de Vox (que había presentado una enmienda a la totalidad, ampliamente rechazada, contra una ley “ideologizada y carente de sentido” que atentaba contra “la soberanía nacional”). En cambio<strong>, la principal diferencia en las dos votaciones ha venido del PP, que en el Congreso se abstuvo (92 abstenciones por su parte) y en el Senado optó por votar a favor</strong>, después de mantener en secreto cuál sería su voto en la Cámara Alta hasta el momento mismo del debate. Durante su intervención de ayer ante el pleno, <strong>el portavoz del PP en el Senado, Alberto Fabra</strong>, aseguró que su partido votaría a favor de la ley porque la cooperación al desarrollo es una “política de Estado”, pero criticó duramente al Gobierno por la forma en que ha negociado el texto, en comparación con la actitud del Ejecutivo de José María Aznar (PP) durante el proceso de aprobación de la actual Ley de Cooperación Internacional de 1998. En aquella ocasión, aseguró, el Gobierno “supo escuchar al sector, a los distintos actores, y negociar la ley con el PSOE y el resto de grupos”, mientras que, en este caso, el Gobierno del PSOE “también ha escuchado al sector y a los distintos actores, pero ha negociado con otros grupos parlamentarios y al final con el PP”. “El orden de los factores sí que es muy importante”, añadió. Aquel PSOE de 1998 “tenía sentido de Estado”, mientras que el actual es “el Partido Sanchista Obediente Español, sentado en el Estado y no con sentido de Estado, por eso es complicado llegar a acuerdos”, manifestó. Por su parte, <strong>José Manuel Albares </strong>aseguró ayer ante el pleno, justo antes de la votación, que el Gobierno ha tendido la mano “desde el primer minuto” y, “hasta el último momento, se ha hecho el esfuerzo de sumar” a todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto, porque “es una ley de todos”. “No es la ley del Gobierno sanchista, es la ley del Gobierno de España presidido por el presidente Sánchez”, advirtió. “La cooperación es una política de Estado y esta era una ley de Estado y había que hacer el esfuerzo de sumar a todos”, manifestó. Por ello, Albares agradeció al PP que haya “reconsiderado su posición” en favor del Proyecto de Ley y agradeció la labor personal de Fabra para conseguir que su partido renunciase a la abstención y optase finalmente por el sí. <h5><strong>Las enmiendas y el texto</strong></h5> <strong>El texto aprobado ayer incluye seis enmiendas transaccionales pactadas entre los distintos grupos y otras enmiendas del PP para mejorar la redacción</strong>, con modificaciones relativas a la planificación indicativa plurianual de los Planes Directores, a la inclusión de una sexta vicepresidencia en el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo, que presidirá el ministro de Exteriores, y a la Ley General de Subvenciones, entre otras. Por ese motivo, el texto deberá volver al Congreso para debatir sobre estas modificaciones. La nueva norma, que el Gobierno pretende sacar adelante este mismo año (se ha tramitado por el procedimiento de urgencia precisamente por ese motivo), <strong>actualiza la actual Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 7 de julio de 1998 y tiene, como principal objetivo, la modificación del sistema de Cooperación Española</strong>, que contempla la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el establecimiento del nuevo Estatuto del Cooperante, el desarrollo reglamentario de la cooperación financiera mediante un marco normativo de subvenciones para dotar al sistema de “mayor eficacia y agilidad” y la creación de nuevos instrumentos para mejorar la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas. <strong>También prevé la creación del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), un instrumento de cooperación financiera que asumirá las funciones del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)</strong>. Asimismo, la futura norma <strong>daría “rango legal al compromiso de España de destinar el 0,7% de la RNB a Ayuda oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte del año 2030”</strong>, según el Gobierno. Entre las prioridades geográficas de la Cooperación Española, el proyecto de Ley incluye por primera el Sahel y mantiene las áreas tradicionales, incluyendo América Latina y el Caribe. Asimismo, se reforzará la ayuda ante crisis imprevistas.
