<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>La ofensiva legislativa de Pedro Sánchez para asegurarse el control del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional pasa esta semana un primer examen del propio TC a instancias del principal partido de la oposición, el PP, en su intento de frenar los planes del Ejecutivo. </strong></h4> <strong>Las reformas legales en beneficio del Gobierno y de sus socios</strong> condenados por sedición y malversación han superado ya el filtro del Congreso, pero <strong>tienen que pasar este jueves por el pleno del Senado</strong>, lo que da <strong>margen a la corte de garantías para frenar la operación gubernamental</strong> antes de su validación definitiva por las Cortes. <strong>El conflicto institucional está servido y ampliado con las medidas cautelarísimas</strong> que el PP pide ante el TC y por la reacción del Ejecutivo sanchista ante ese inesperado obstáculo: cuestionar la legitimidad del órgano de arbitraje y amenazar a los miembros de este por si se atreven a paralizar los trámites. La sola convocatoria del pleno del Tribunal Constitucional para este lunes provocó las iras del Gobierno y sus aliados que respondieron de forma coordinada, desde el mismo Sánchez al portavoz de Bildu (formación heredera del brazo político de ETA), <strong>con ataques a los jueces “conservadores”, al Partido Popular y a los medios de comunicación.</strong> Las acusaciones de golpismo, conspiración o de ir contra la democracia dirigidas a esa derecha “política, judicial y mediática” (términos empleados por el presidente del Gobierno) se basan en <strong>un concepto hasta ahora reservado en España a la extrema izquierda (Podemos) y a los partidos separatistas catalanes</strong> en la promoción de su intentona contra la unidad nacional: la idea de que las mayorías parlamentarias están por encima de la ley y del ordenamiento constitucional. Además, tampoco tienen que seguir los procedimientos establecidos para cambiar las normas. <strong>La Constitución no avala las teorías populistas en la materia y en su artículo 9.1 deja claro que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.</strong> <strong>Sánchez se ha saltado todos los trámites habituales</strong> para reformar leyes, desde los informes previos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial a los debates posteriores y plazos de enmiendas en las Cámaras, para arreglar por la vía rápida las cuentas con la Justicia de sus aliados separatistas condenados por sedición y malversación. De la misma tacada <strong>se ha propuesto cambiar las mayorías cualificadas</strong> para los nombramientos en el órgano de gobierno de los jueces, y todo ello se propone despacharlo en menos de dos semanas, en puertas de la Navidad. Así se evita el trimestre completo que se hubieran tomado las Cortes para aprobar las reformas por la vía parlamentaria normal. <strong>Sánchez tiene prisa y quiere alejar sus favores a los independentistas y la bronca suscitada por el control de la Justicia de la fecha de las próximas elecciones municipales y autonómicas fijadas para mayo del próximo año.</strong> Sin entrar en el fondo de la cuestión, la constitucionalidad de la ofensiva legislativa del Gobierno,<strong> el TC puede admitir el recurso primero del PP y dictar las medidas cautelarísimas</strong> que frenarían esas prisas de Sánchez, aunque supusiera aplazar el pleno del Senado correspondiente. Para evitar ese traspiés al Gobierno, cinco de los magistrados del tribunal encabezados por Cándido Conde-Pumpido, el favorito del Ejecutivo, amenazaron con boicotear la reunión del tribunal de la semana pasada con el argumento de que necesitaban más tiempo para estudiar la petición del PP. Quedó aplazada para este lunes mientras el Gobierno aprovechaba el tiempo para disparar la presión en público y en privado sobre los otros 6 miembros del TC. <strong>Conde-Pumpido está llamado a ser el próximo presidente del Constitucional</strong> una vez que entren en el mismo los dos magistrados que corresponde nombrar directamente al Ejecutivo: el exministro de Justicia de Sánchez Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Presidencia del mismo gabinete Laura Díez. Ambos son de probada fidelidad sanchista y, junto con el ingreso de los dos representantes que corresponde nombrar al CGPJ, pueden dar al jefe del Ejecutivo el control efectivo del órgano encargado de dictaminar sobre sus leyes y atajos legales para contentar a los independentistas. Toda la ofensiva legislativa que la oposición denuncia como “asalto a la Justicia” y considera dirigida a liquidar la división de poderes y de contrapesos del vigente régimen democrático desemboca en el <strong>objetivo de Sánchez de garantizarse un TC afín a sus objetivos, el primero seguir en el poder con el apoyo de sus socios.</strong>
