The Diplomat
El Gobierno de España condenó ayer “firmemente la ruptura del orden constitucional en Perú” y se congratuló “por el restablecimiento de la normalidad democrática”, tras conocerse la decisión del ya expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso nacional y su detención poco después.
En un breve comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores añade que “España siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional”.
La nueva presidenta del país es Dina Boluarte, que fue investida pocas horas después y que a través de las redes sociales rechazó inmediatamente la decisión de Pedro Castillo. Boluarte, que anunció su intención de premanecer en la jefatura del Estado hasta 2026, subrayó con claridad que “se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».
Castillo fue arrestado tres horas después de anunciar, en un mensaje a la nación, su decisión de disolver “temporalmente” el Congreso peruano, que tenía previsto comenzar un debate para su posible destitución. El ex mandatario aseguró en su intervención que “en atención al reclamo ciudadano tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia”.
El polémico anuncio de Castillo provocó una inmediata cadena de dimisiones dentro de su propio Gobierno, comenzando por el canciller, César Landa, al que poco después se sumó el ministro de Justicia, Félix Chero. También renunciaron, entre otros, el comandante general del Ejército, Walter Córdoba, y Ferrero Costa, embajador peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Incluso Vladimiro Cerrón, presidente de Perú Libre (bajo cuyas siglas presentó Castillo su candidatura a la presidencia), admitió que éste “se había equivocado” porque no había mayoría suficiente en el Congreso para destituirle.
El Congreso entre tanto pudo comenzar el pleno previsto, en reunión de emergencia, y votó prácticamente por unanimidad en contra de la disolución decretada por Castillo. El resultado de la votación sobrepasó los 87 votos necesarios para la destitución del presidente: 101 a favor, 6 en contra y 10 abstenciones.
Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, compareció en público para “condenar todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal” y pedir “a las instituciones correspondientes que se mantengan firmes y a la sociedad que se mantenga vigilante”.
Las Fuerzas Armadas y la Policía hicieron público un comunicado conjunto en el que afirmaban que no apoyaban a Castillo y no estaban dispuestos a cumplir sus órdenes porque “cualquier acto contrario al orden constitucional genera el no acatamiento«.
El autogolpe de Castillo, que recuerda al que llevó a cabo Alberto Fujimori en 1992, se produjo en medio de un fuerte escándalo de corrupción que le señalan a él mismo, a su familia y a sus colaboradores más cercanos.
