<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El Congreso de los Diputados celebra este martes el aniversario de la Constitución en plena crisis institucional, con el Gobierno de Pedro Sánchez volcado en controlar el órgano que interpreta la propia ley de leyes y en suprimir el delito de sedición fijado hasta ahora para defender el marco constitucional.</strong></h4> Además, la <strong>ruptura de relaciones entre los dos principales partidos del arco parlamentario, PSOE y PP</strong>, impide la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace cuatro años. La tradicional recepción oficial que se celebra en la Cámara reflejará el <strong>delicado momento que vive la Constitución</strong>. No hay debate político sobre la necesidad o no de su reforma como en anteriores legislaturas, sino sobre su vigencia, cumplimiento o liquidación. <strong>El Gobierno acusa a la oposición de no cumplir con la Carta Magna</strong> por el hecho de negarse a un reparto por cuotas del órgano de gobierno de los jueces.<strong> El Partido Popular denuncia a su vez a Sánchez por socavar la unidad nacional y el régimen constitucional</strong> con tal de asegurarse la continuidad en el poder de la mano de sus aliados independentistas catalanes y vascos. Los principales representantes del PSOE y del PP, y algunos cargos de Podemos, coincidirán en el acto que, como es habitual,<strong> no contará con la presencia de los separatistas</strong> que sostienen al Ejecutivo de coalición.<strong> Tampoco habrá dirigentes de Vox,</strong> formación que considera la recepción como “una burla”. El presidente de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, se niega a participar en una fiesta a la que asisten quienes “violan y buscan destruir la Constitución”, que es como se refiere a los sanchistas. Los adversarios declarados del régimen constitucional no estarán en el Congreso, pero celebran sus éxitos y avances de estos días frente al constitucionalismo. El portavoz parlamentario del partido que gobierna la Generalitat catalana, Gabriel Rufián, presume de haberse cobrado el apoyo de su grupo a los Presupuestos Generales del Estado con la liquidación el delito de sedición del Código Penal. Ese cambio legal era una factura que Sánchez tenía pendiente con sus socios y será abonada antes de fin de año con el consiguiente beneficio penal para los golpistas catalanes condenados. Y si reinciden, las futuras intentonas secesionistas contra el marco constitucional saldrán mucho más baratas al quedarse en “desórdenes públicos agravados”. El pago se ha juntado con los dos <strong>nombramientos para el Tribunal Constitucional</strong> que corresponde hacer al Ejecutivo. <strong>Más que próximos al Gobierno</strong> como suele ocurrir, esta vez los elegidos son de tan <strong>previsible obediencia</strong> a su titular que proceden del propio gabinete: el primer ministro de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campo, y la ex directora general de la Presidencia, Laura Díez. Los nombres de los dos elegidos han servido para relanzar la denuncia del PP sobre el empeño del jefe del Ejecutivo en “asaltar” el Tribunal Constitucional con el fin de que el órgano de arbitraje y máximo intérprete de la ley de leyes dé el visto bueno a sus proyectos y concesiones a los independentistas. <strong>Los historiales y declaraciones de Campo y Díaz dan pie a las acusaciones de la oposición</strong>. El ex ministro tiene dicho en el Congreso que España entraba en un “proceso constituyente”. La antigua alto cargo del Ministerio de la Presidencia con Félix Bolaños desempeñó antes un puesto como miembro del órgano de garantías estatutarias de la Generalitat de Cataluña. Laura Díaz alcanzó ese cargo con el respaldo sumado de los secesionistas de ERC y de los socialistas catalanes y después se apuntó a la tesis de que la pena de sedición en el Código Penal resultaba excesiva. En este caso, como el Gobierno no ha guardado ni las formas a la hora de designar a los dos miembros del TC, el Partido Popular prueba a trasladar sus protestas a las instancias de la UE. Ya lo hizo el pasado año cuando el Ejecutivo de coalición empezó a tramitar una reforma del Poder Judicial para controlar directamente a su consejo. De la vigente mayoría cualificada de tres quintos que obliga a contar con la oposición para elegir vocales, el PSOE y Podemos pretendían pasar a la mayoría simple con el fin de repartirse entre ellos y los independentistas los puestos en el CGPJ. Fue Juan Carlos Campo en abril de 2021 quien comunicó como ministro del ramo la renuncia del Gobierno a esa reforma parlamentaria después de entrevistarse en Bruselas con la comisaria de Justicia. <strong>La crisis institucional,</strong> con el marco constitucional cuestionado por medio Gobierno y sus socios, <strong>estará más presente que nunca</strong> en el aniversario de la Carta Magna aprobada por los españoles en 1978.
