<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagoniza un choque con el Banco Central Europeo a cuenta de su impuesto especial a la Banca que viene a sumarse a los incumplimientos de compromisos con la Unión Europea de reformas económicas.</strong></h4> El Ejecutivo de coalición <strong>sigue sin tomar medidas para sostener el sistema de pensiones o dar transparencia y agilidad a la distribución de fondos europeos. </strong> Por su política económica populista o por mera ineptitud en la gestión, según el Partido Popular<strong>, el jefe del Ejecutivo arriesga las ayudas europeas a la recuperación con tal de no anunciar decisiones de ajuste o racionalidad en el gasto ante el año electoral que se avecina. </strong> El problema para Sánchez es que el aplazamiento de las medidas pendientes hace que se vayan a juntar todas con la petición del tercer plazo de ayudas, unos 7.700 millones de euros, prevista para estos días. <strong>Además, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que tramita el Congreso incluye como ingresos otros 20.000 millones de euros procedentes de la misma fuente de ayudas europeas.</strong> Es una partida que el propio Gobierno reconoce que es muy posible que no llegue a tiempo para cuadrar las cuentas. Con la solicitud del tercer tramo de fondos que cierra el presente ejercicio, <strong>la Comisión Europea evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Gobierno de Sánchez,</strong> entre los que figuran el nuevo régimen de cotización de los trabajadores autónomos, la nueva ley de planes de pensiones de empleo y algunas modificaciones en el ámbito de la fiscalidad energética. Todas esas medidas están en fase de negociación o trámite legislativo, pero ninguna aplicada. Pero el incumplimiento mayor del Ejecutivo reside en la falta de control sobre el destino efectivo de las ayudas. El compromiso era poner en marcha una plataforma informática denominada “Cofee” que sirviera como herramienta para seguir las inversiones que hacen las distintas administraciones con cargo a los fondos europeos. Tenía que funcionar en el tercer trimestre del año pasado, pero este otoño sigue sin estar completamente operativa. <strong>El Gobierno ha empezado a reconocer el retraso acumulado en la distribución de las ayudas y busca el apoyo de otros países como Portugal para presionar a la UE en la solicitud de más tiempo</strong> para aprobar y ejecutar los planes de inversión correspondientes. El acuerdo original consistía en tener comprometido “jurídicamente” el destino del 70 por ciento de esos fondos de recuperación este mismo año. Sánchez acumula mucho retraso, se escuda en problemas burocráticos pese a falta de transparencia, mientras en la oposición apuntan que también puede guiarse por intereses electorales y dejar anuncios de inversión concretos para preparar las campañas electorales de los cómicos locales y autonómicos de mayo más los generales de fin de año. <strong>El otro gran incumplimiento del gabinete de coalición con las instituciones europeas es el referente al sostenimiento del sistema de pensiones.</strong> Desde septiembre se espera, en Bruselas y en Madrid, la presentación del prometido “mecanismo de solidaridad intergeneracional” que aclare el futuro de las pensiones. En vez de cerrar el debate y las negociaciones sobre la ampliación del cómputo de años de cotización de los trabajadores o la ampliación de la edad de jubilación, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos del Estado una nueva subida de las pensiones, en línea con la inflación, que puede suponer un coste añadido de al menos 14.000 millones de euros. El sistema de pensiones entró en quiebra técnica hace años al no alcanzar la contribución de empleados y empresas para cubrir las prestaciones comprometidas y el Estado, por la vía ordinaria de los Presupuestos. En ese contexto de retrasar o incumplir directamente compromisos de reformas económicas adquiridos con la Comisión Europea, el Ejecutivo de Sánchez se apunta también el rechazo a despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, como le instan desde Bruselas. Y también aparece ahora la desautorización que acaba de hacer el Banco Central Europeo a su impuesto especial a las entidades financieras. <strong>El gabinete de coalición ha encajado muy mal las críticas del BCE</strong> en un informe que, según insisten sus portavoces, no es vinculante, deja en evidencia la improvisación de su política económica. El informe en cuestión reprocha al Ejecutivo español no haber estudiado el impacto negativo en el sistema crediticio y la posibilidad legal de que, al final, el impuesto recaiga sobre el ciudadano. Son las mismas críticas que ya hizo la oposición en su día. La reacción de Sánchez ha consistido en confirmar su apuesta por el mensaje populista (es un impuesto contra los banqueros en beneficio de los ciudadanos, dice) y en culpar del rapapolvo a la conspiración de un vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que fue ministro del PP y antes directivo bancario. Aunque el informe lo firme la presidenta, Christine Lagarde, en persona. Otro recurso preelectoral para el año que viene.
