The Diplomat
El Congreso de los Diputados aprobó ayer, por 201 votos a favor, 52 en contra y 94 abstenciones, el Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, por lo que la iniciativa se remite al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
El texto al que ha dado luz verde la Cámara Baja incluye el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Exteriores el pasado 14 de noviembre con la enmienda 91 del Grupo Parlamentario Popular que añade un nuevo principio de actuación en el marco de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible: «la promoción y apoyo a la educación y proyectos educativos como vector fundamental para el crecimiento y desarrollo personal y de la población en conjunto del país receptor».
La nueva norma, que el Gobierno desea sacar adelante este mismo año, actualiza la actual Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 7 de julio de 1998 y tiene, como principal objetivo, la modificación del sistema de Cooperación Española, que contempla la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el establecimiento del nuevo Estatuto del Cooperante, el desarrollo reglamentario de la cooperación financiera mediante un marco normativo de subvenciones para dotar al sistema de “mayor eficacia y agilidad” y la creación de nuevos instrumentos para mejorar la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas.
También prevé la creación del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), un instrumento de cooperación financiera que asumirá las funciones del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Asimismo, la futura norma daría “rango legal al compromiso de España de destinar el 0,7% de la RNB a Ayuda oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte del año 2030”, según el Gobierno. Entre las prioridades geográficas de la Cooperación Española, el proyecto de Ley incluye por primera el Sahel y mantiene las áreas tradicionales, incluyendo América Latina y el Caribe. Asimismo, se reforzará la ayuda ante crisis imprevistas.
Durante su paso por comisión, se ha añadido como objetivos de la norma la «protección a las mujeres, adolescentes y niñas frente a la violencia sexual y la violencia por razón de género», «los derechos de la infancia y adolescencia con enfoque de género», su «protección frente a todas las formas de violencia, en particular la mutilación genital femenina», «el acceso libre e igualitario a los servicios sociales básicos» y la promoción de «su participación efectiva en espacios de decisión económicos, políticos y sociales, así como en las operaciones de mantenimiento de la paz y los procesos de paz».
También entre los objetivos de nueva redacción destaca la «protección y promoción de los derechos de las personas LGTB en todo el mundo» para «eliminar la criminalización de la homosexualidad en todo el mundo» y el «apoyo al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la lucha contra toda forma de exclusión», así como «la defensa y promoción de sus derechos».
