<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>La coalición de Gobierno de Pedro Sánchez, con reparto por cuotas independientes de ministros y áreas políticas entre el PSOE y Podemos, ha entrado en una doble crisis interna con la gestión de la llamada ley del “sí es sí”, o de libertad sexual, de la ministra de Igualdad, Irene Montero.</strong></h4> A las habituales <strong>diferencias entre sanchistas y comunistas</strong> se suma el <strong>choque entre</strong> las camarillas de la extrema izquierda: el sector que sigue a las órdenes de <strong>Pablo Iglesias</strong> y el que se forma alrededor de las aspiraciones de la vicepresidenta del Ejecutivo <strong>Yolanda Díaz.</strong> Sánchez llegó al Ejecutivo con un particular régimen de reparto de responsabilidades entre socios populistas dentro del gabinete y de cesiones a sus aliados externos independentistas sin precedentes en la democracia española. Dentro del Gobierno, los cinco miembros de Podemos y sus distintas marcas, con la legión de altos cargos de los respectivos departamentos, fueron elegidos por Pablo Iglesias. <strong>El fundador de Podemos quita y pone ministros dentro de su cuot</strong>a: desde la compañera y madre de sus hijos, Irene Montero, a la actual titular en la cartera de Trabajo con el rango de vicepresidenta del que disfruta heredado del propio Iglesias. Ese sistema de cuotas fue la clave para que la izquierda populista votara la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. El apoyo de los partidos independentistas se basa a su vez en las cesiones programadas durante toda la legislatura: primero los indultos a los principales jefes de la intentona secesionista en Cataluña del 1 de octubre de 2017 con Oriol Junqueras a la cabeza, ahora la liquidación del delito de sedición en beneficio de todos los golpistas y más adelante la rebaja del delito de malversación para acabar de contentarlos. Dentro del PSOE<strong> las facturas políticas abonadas a los separatistas catalanes incomodan a los dirigentes regionales socialistas</strong>, muy en especial a los que se examinan ante las urnas en los comicios autonómicos del próximo mes de mayo. Temen ser los primeros en pagar el desgaste de la marca, y más ahora cuando a los beneficios penales para los golpistas ven acumularse las rebajas de penas para los violadores y acosadores que trae la ley que lleva el apellido Montero. Una ley que fue aprobada por el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez y sancionada en las Cortes por la mayoría que llaman “de progreso” (la izquierda en bloque, independentistas y herederos del brazo político de ETA) más Ciudadanos. Las noticias sobre delincuentes sexuales beneficiados por la reforma se suceden por goteo en toda España. Mientras <strong>el sector sanchista del Gobierno señala a Montero por enfilar a los jueces</strong> en vez de reconocer el dramático error, <strong>el sector Podemos oficial (el seguidor de Pablo Iglesias) habla de cobardía por no cerrar filas con la ministra de Igualdad y Yolanda Díaz, por libre, prefiere no entrar al trapo.</strong> En el fondo de la crisis está la decisión que Sánchez tomó en su día de dejar hacer a los podemitas lo que quisieran en el ámbito de sus ministerios a pesar de los postulados más populistas de los morados. La cesión incluyó la bandera del feminismo que fue entregado sin más a Montero y su equipo pese a la oposición de las feministas más tradicionales del PSOE encabezadas por Carmen Calvo. Calvo y el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, se destacaron en las críticas a los primeros planes de la ley del “sí es sí”, en el caso del segundo por las ya en origen evidencias de chapuza jurídica de la reforma. Ambos se quedaron fuera del Gobierno y la ministra de Igualdad logró todos sus objetivos. Pero <strong>el interés de Sánchez en dejar ámbitos de protagonismo en el poder al partido fundado por Iglesias también es una inversión personal</strong>, pues reconoce que cuenta con la extrema izquierda para el futuro. El problema del jefe del Ejecutivo es que quiere tutelar esa otra parte de su coalición sin contar con el clan de Iglesias. Tiene dicho en público que <strong>aspira a pactar después de las próximas elecciones con lo que denomina “espacio de Yolanda Díaz”, no Podemos.</strong> La crisis por la ley que iba a proteger a las mujeres y resulta que alivia las penas de los violadores deja también en evidencia todas las contradicciones internas del gabinete de coalición y el complicado juego de intereses personales de Sánchez frente al PSOE. <strong>El jefe del Ejecutivo, por su propia debilidad y para seguir en el cargo ahora y luego, apuesta por dar juego a la extrema izquierda.</strong> Los barones del partido en Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, con mayorías claras o aspiraciones a alcanzarlas por su cuenta, reniegan de las hipotecas de su partido con Podemos y los independentistas que amenazan con dejarlos en la oposición a partir de mayo del próximo año. A Sánchez le quedará después un periodo de seis meses para prepararse la campaña desde el Palacio de La Moncloa.
