<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Pedro Sánchez se asegura otro año en el poder con su último favor a los independentistas catalanes, suprimir de hecho el delito de sedición que cometieron sus principales jefes en la intentona separatista del 1 de octubre de 2017, pero también desestabiliza a su propio partido: el PSOE. </strong></h4> La oposición acusa al presidente del Gobierno de desarmar al Estado e ir contra las sentencias del Tribunal Supremo mientras <strong>algunos dirigentes socialistas</strong> se suman a la denuncia. Son los primeros que<strong> se examinan ante las urnas en los comicios municipales y autonómicos del próximo mes de mayo y temen pagar el desgaste</strong>. <strong>El Ejecutivo no tendrá ningún problema en el Congreso de los Diputados para aliviar aún más las cuentas con la Justicia de los principales responsables del golpe a la unidad constitucional</strong>. La extrema izquierda incluida en el gabinete socialcomunista y el conjunto de los grupos independentistas de la Cámara aseguran un cómodo y rápido trámite parlamentario a la anunciada reforma del Código Penal que dejará la sedición en un delito menor como exigía Esquerra Republicana de Cataluña, la formación que ahora preside el ejecutivo catalán. <strong>Podemos y los partidos separatistas comparten el objetivo de liquidar el actual modelo constitucional</strong> y todo lo que sirva para desarticular la unidad nacional cuenta con sus votos, los mismos que llevaron al poder a Sánchez en la moción de censura de 2018. Esa misma mayoría es la que sostiene al Gobierno a cambio de ir facilitando sus respectivos proyectos políticos, que en el caso de ERC es la secesión de Cataluña previa rehabilitación política plena de todos sus jefes condenados por la intentona de hace cuatro años. Si la continuidad del jefe del Ejecutivo depende de que vaya cumpliendo con las exigencias de sus socios separatistas, en su partido n que esas ce<strong>hay dirigentes que considerasiones van contra el compromiso del PSOE con la Constitución y contra los propios intereses de la formación</strong>. Los presidentes socialistas de los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, <strong>Emiliano García Page</strong>, y de Aragón,<strong> Javier Lambán son los que han hablado con más claridad.</strong> El desmarque de ambos es el habitual en ambos dirigentes, aunque esta vez han endurecido el tono. “Estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución”, fue la primera reacción de Page. Lambán comentó que Sánchez ya sabía de su total oposición a derogar el delito de sedición en beneficio de los separatistas y recordó además que el anterior Gobierno, el del PP con Rajoy al frente, dio la respuesta adecuada a la intentona en Cataluña, que lo hizo con el lógico respaldo del PSOE y que el Tribunal Supremo supo “calibrar perfectamente lo que había pasado” cuando condenó a los responsables. El fin del delito de sedición que se aprobará en el Congreso en paralelo y con los mismos apoyos que los Presupuestos Generales del Estado que garantizan a Sánchez otro año seguro en el Gobierno también viene a dar la razón a los partidos de la oposición cuando denuncian la traición del PSOE al constitucionalismo. El argumento está servido y los próximos comicios están a la vuelta del calendario, con los presidentes autonómicos ya en precampaña. <strong>Las cesiones de Sánchez no perjudican a los socialistas por igual.</strong> En la Comunidad Valenciana ya gobiernan con partidos de extrema izquierda independentistas y en el caso de Navarra hasta con el apoyo de Bildu, coalición que integra a los herederos políticos de la banda terrorista ETA. Pero en Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, La Rioja y Aragón no tienen esa dependencia. <strong>Page habla con la autoridad de tener una de las escasas mayorías absolutas</strong> que hay en la España autonómica y el temor a pedir el voto desde el PSOE a un electorado que opina lo mismo que él sobre los golpistas catalanes. Su hegemonía actual se basa también en el éxito de 2019 ante un centro derecha que repartió sus votos entre tres formaciones: PP, Ciudadanos y Vox. Esta vez la concentración que apuntan las encuestas en beneficio de los populares se lo pone más difícil y cualquier desgaste añadido por la gestión de Sánchez amenaza su futuro. <strong>Lambán en Aragón depende, a su vez, de una coalición con izquierdistas y regionalistas de todo signo</strong> que le dieron el poder hace cuatro años, pero que ahora están a la baja. El electorado del PSOE en la región tampoco es nada comprensivo con las cesiones a los separatistas. El portavoz parlamentario de Sánchez en el Congreso,<strong> Patxi López, reconoce que el último pago a ERC, la factura de la sedición, tendrá un coste electoral para el PSOE</strong> con el que su jefe cuenta. Pero son los Page, Lambán y demás candidatos socialistas los primeros que se enfrentarán al cobro.
