<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Las hipotecas con los independentistas complican a Pedro Sánchez la presidencia de turno de la Unión Europea que debe desempeñar en el segundo semestre el próximo año, justo al final de la legislatura y con las elecciones generales en puertas.</strong></h4> <h4></h4> El Gobierno está advertido de que <strong>para el próximo verano tiene que haber resuelto el bloqueo de los órganos judiciales</strong> y garantizada la independencia de los mismos. Pero la ruptura de relaciones con la oposición deja al jefe del Ejecutivo solo ante las exigencias de la UE y dedicado a contentar a sus aliados independentistas. <span style="font-weight: 400;">Sánchez <strong>se disponía esta misma semana a resolver en paralelo los dos principales problemas políticos que amenazan su estabilidad en el poder.</strong> Por un lado, tenía y tiene pendientes la <strong>renovación del órgano de gobierno de los jueces</strong> y los nombramientos en el Tribunal Constitucional con los que aspira a controlar el poder judicial y el propio TC. Por otro lado, le quedaba atar <strong>el apoyo de los separatistas catalanes de ERC</strong> (13 diputados en el Congreso)<strong> para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado</strong> que da vida al Ejecutivo para todo un año.</span> <span style="font-weight: 400;"><strong>Mientras negociaba con el jefe de la oposición,</strong> <strong>Alberto Núñez Feijóo</strong>, sobre nombres y cambios en el Consejo General del Poder Judicial para “despolitizarlo” como pide la UE y postula el PP, <strong>Sánchez prometía al partido que preside la Generalitat catalana modificar en el Código Penal el delito de sedición.</strong></span> <span style="font-weight: 400;">El fin último de esa reforma legal es que los responsables de la intentona secesionista del 1 de octubre vean <strong>anuladas o rebajadas sus penas</strong> para que puedan volver a los cargos públicos en el caso de los condenados como Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y jefe efectivo de ERC. En el caso de los huidos de la Justicia como Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, se facilitaría incluso que pudiera volver a España sin pasar por la cárcel. <strong>Esas son las exigencias sobre las que negocia el presidente del Gobierno a cambio del apoyo de los independentistas.</strong></span> <span style="font-weight: 400;">Confirmado por Sánchez en persona el compromiso del Ejecutivo con los separatistas, <strong>Feijóo se retiró del acuerdo sobre la Justicia para no aparecer como cómplice del enjuague</strong>. El presidente del PP considera incompatible cerrar pactos constitucionalistas mientras el inquilino de La Moncloa se ocupa de aliviar las penas de los políticos que violaron el marco constitucional.</span> <span style="font-weight: 400;">El presidente del Gobierno, con el conglomerado de partidos de extrema izquierda, independentistas y nacionalistas que le apoyan, tiene la mayoría suficiente como para dejar la sedición como un delito menor en el Código Penal. Y puede hacerlo, por el trámite de urgencia en el Congreso, en menos de dos meses.</span> <span style="font-weight: 400;">Mucho más complicado tiene Sánchez consumar sus planes para controlar los órganos judiciales y el Tribunal Supremo. Los nombramientos y reformas requieren mayorías cualificadas de hasta tres quintos sólo alcanzables con los votos del PP. Pero también está la mirada vigilante de la Comisión Europea.</span> <span style="font-weight: 400;"><strong>El gabinete de coalición del PSOE y Podemos ya tanteó la posibilidad de instaurar la elección de vocales del CGPJ por mayoría simple,</strong> la de los partidos en el poder, para repartirse el órgano de gobierno de los jueces. <strong>El PP denunció la maniobra en las instancias europeas y Sánchez tuvo que recular.</strong></span> <span style="font-weight: 400;">El informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho insta a España a poner orden en los órganos judiciales y acometer reformas para garantizar mejor la independencia de los jueces. Hace apenas un mes el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, estuvo en Madrid y se entrevistó con representantes del Ejecutivo, de la oposición y de los órganos afectados. Reiteró los deberes pendientes y apuntó una fecha que afecta directamente a Sánchez al puntualizar que <strong>“las recomendaciones” de la Comisión en la materia debían estar en marcha cuando empezara la presidencia española: el 1 de julio de 2023.</strong></span> <span style="font-weight: 400;"><strong>El Gobierno solo quiere hablar con el PP de nombramientos pendientes con el objetivo de que, al final, el Tribunal Constitucional quede compuesto por una mayoría “progresista” a su gusto</strong> con Cándido Conde Pumpido, antiguo fiscal general del anterior Ejecutivo socialista, al frente. <strong>Pero la “recomendación” clave de la UE es un cambio en el sistema de elección de miembros del CGPJ</strong> que acabe con las cuotas de partido y promueva la elección de los jueces por los propios jueces. Para cumplir ese requisito Sánchez necesita ceder a las exigencias del PP, lo que supondría indisponerse con los independentistas que le sostienen en el poder.</span> <span style="font-weight: 400;">Antes del próximo verano tendrá que decidir con quién prefiere quedar bien y la presidencia española Sánchez la tiene reservada y diseñada como una última baza de lucimiento personal previo a las elecciones generales.</span>
