<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <strong>Las principales asociaciones de diplomáticos</strong>, con el respaldo de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) han emitido un comunicado en el que <strong>rechazan las acusaciones de nepotismo en la contratación de familiares en las Embajadas y otros centros públicos en el exterior.</strong> El comunicado, suscrito por <strong>la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), la Asociación de Mujeres Diplomáticas Españolas (AMDE), la Asociación de familias de diplomáticos y funcionarios del Servicio Exterior (AFD) y ExteriorEsDiverso,</strong> salen al paso de las <strong>informaciones publicadas recientemente por el diario <em>ABC</em> sobre la contratación de varios cónyuges del personal destinado en las representaciones diplomáticas de España en Washington.</strong> Los diplomáticos defienden que <strong>los procesos de selección se hicieron "en cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente",</strong> como también ha apuntado el Ministerio de Asuntos Exteriores, y sostienen que "<strong>no resulta admisible que, argumentándose supuestos favoritismos, sea cuestionado el legítimo derecho que ampara a los cónyuges y parejas de empleados públicos en el exterior de concursar y ser adjudicatarios de un puesto convocado en una oficina en el exterior".</strong> Así, recuerdan que la Ley de la Acción y del Servicio Exterior prevé que los órganos centrales del Servicio Exterior del Estado facilitarán posibilidades de trabajo para los cónyuges y parejas de hecho y que<strong> los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) tendrán preferencia, en el caso de concurrencia con otros aspirantes y siempre que exista igualdad de méritos entre ellos".</strong> Sin embargo, según denuncian las asociaciones, "en la práctica estos mandatos legales no están siendo aplicados". "Paradójicamente, <strong>lejos de existir una preferencia en la contratación de estos cónyuges y parejas, lo que se constata es que éstos se ven disuadidos de presentarse a los concursos para evitar sospechas de favoritismo"</strong>, sostienen. Según esgrimen, "los cónyuges y parejas de empleados públicos destinados al exterior y que acompañan a éstos para mejor preservar la unidad familiar <strong>ven enormemente perjudicadas sus propias carreras profesionales</strong>", teniendo en muchos casos que abandonar de forma temporal o definitiva sus puestos de trabajo. Además, "encuentran dificultades legales y prácticas para encontrar trabajo en los países donde son destinados sus cónyuges o parejas, especialmente en algunos países". Todo ello, subrayan, "tiene impacto en sus cotizaciones sociales y, en consecuencia, en sus futuras pensiones de jubilación". "<strong>No permitirles presentarse a los concursos de puestos ofertados representaría una discriminación</strong> y vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". <strong>"No se trata de nepotismo, se trata de conciliación"</strong>, esgrimen las asociaciones, incidiendo en que "las dificultades de conciliación familiar derivadas de esta situación" hacen que los empleados públicos se vean obligados a "decidir entre su familia y optar a las plazas en el exterior", con el consiguiente "impacto adicional en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la AGE". "Más allá del ataque que ello supone al derecho a la conciliación, esta situación merma al propio Servicio Exterior, el cual -conviene recordarlo- se dedica fundamentalmente a servir a la sociedad española", defienden FEDECA y las asociaciones de diplomáticos. En este punto, inciden en que "en algunos casos es discriminatorio respecto a personas altamente cualificadas" y por otra parte "impediría que muchas plazas laborales ofrecidas por la AGE en el exterior difíciles de cubrir por sus retribuciones poco competitivas, fueran perfectamente desempeñadas por cónyuges y parejas que reúnen mayoritariamente sobrados méritos y capacidades para ello". Así las cosas, consideran urgente <strong>"encontrar soluciones a la conciliación en el Servicio Exterior"</strong> por lo que instan al Gobierno a "dar cumplimiento a las medidas previstas al respecto" en la ley de 2014, "que entre otras cuestiones, exigía al Ministerio de Hacienda y Función Pública que elaborase, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, un informe sobre la situación de los cónyuges o parejas de hecho del personal funcionario o laboral desplazado, que no tengan la condición de empleado respecto de su posible acceso a cobertura de puestos de trabajo existentes en la AGE y sus organismos dependientes en el exterior".
