<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Pedro Sánchez se ha asegurado un cómodo trámite para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que le garantizan otro año de estabilidad en el poder, hasta las elecciones del próximo otoño, previa cesión ante todas las exigencias de sus socios y aliados.</strong></h4> El presidente del Gobierno <strong>vuelve a dejar la bandera del feminismo más populista en manos de Podemos</strong> con la llamada “ley trans” y <strong>ratifica para otros cinco años los privilegios fiscales del ejecutivo nacionalista vasco.</strong> <strong>Para los independentistas catalanes adelantó su apoyo a vetar el idioma español en el sistema educativo autonómico</strong> y para los<strong> herederos del brazo político de ETA, Bildu, prosigue con los beneficios penitenciarios destinados a los terroristas presos.</strong> Por encima de cualquier consideración ideológica, estratégica o de intereses de partido a medio plazo, <strong>Sánchez se asegura la estabilidad en el Gobierno en lo que queda de legislatura al contar con unas cuentas aprobadas</strong> que convierten en secundario cualquier otro proyecto para el que no pudiera conseguir la misma mayoría parlamentaria. Al margen de que sus socios puedan desmarcarse del Ejecutivo antes de tiempo, él <strong>retiene así la capacidad de agotar su mandato que termina en noviembre de 2023,</strong> o bien adelantar los comicios si le interesa. El jefe del Gabinete de coalición afronta con tanta tranquilidad el primer trámite parlamentario para la aprobación de los Presupuestos, el debate de totalidad fijado para este miércoles en el Congreso, que ni siquiera acudirá a la Cámara. Después de apresurarse a cumplir con las exigencias de sus aliados populistas y separatistas, se confirmó su <strong>viaje oficial a Kenia y Sudáfrica entre los días 25 y 28.</strong> Sánchez se convertirá en el primer presidente del Gobierno que <strong>se salta el debate en el Congreso</strong> del principal proyecto de ley que las Cortes tienen que aprobar cada año. Solo el primer partido de la oposición, el PP, más Vox, Ciudadanos y algunos diputados del Grupo Mixto suscriben enmiendas de devolución al proyecto. En total suman 159 diputados frente a los 155 de la coalición gubernamental compuesta por socialistas y los podemitas de extrema izquierda en un Congreso de compuesto por 350 miembros. <strong>Los partidos independentistas catalanes y vascos</strong> aliados casi fijos del Ejecutivo (alrededor de otros 25 diputados) <strong>se reservan para presionar en los siguientes trámites de enmiendas parciales</strong> con más exigencias, pero para esta semana se dan por satisfechos y descartan poner en aprietos a Sánchez. En el Gobierno presumen de lo fácil que se presenta la aprobación de los Presupuestos después de que Sánchez zanjara en menos de 48 horas el último conflicto surgido con Podemos que amenazaba con retrasarlo todo. Los socialistas amagaron con alargar y enmendar el proyecto de <strong>“ley trans” redactado bajo los principios de Podemos</strong> sobre la denominada “autodeterminación de género” que rechazan de las feministas del PSOE. <strong>El jefe del Ejecutivo desautorizó de nuevo a las voces de su propio partido, encabezadas por la exvicepresidenta Carmen Calvo,</strong> que se oponen a la posibilidad de que niños y adolescentes puedan decidir el cambio de sexo sin pasar filtro profesional o familiar alguno. Para evitarse cualquier problema Sánchez ordenó seguir las pautas podemitas en la materia marcadas por su ministra de Igualdad, Irene Montero. <strong>El PNV</strong> (seis diputados) renunció al mismo tiempo a presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos al alcanzar un acuerdo con el Gobierno para<strong> renovar el cupo autonómico con el País Vasco</strong> (la aportación a la Administración central) “en los mismos términos y parámetros” que el acordado con el Ejecutivo anterior, el de Mariano Rajoy en 2017. Pese a la amenaza de la recesión económica y la subida generalizada de impuestos al resto de españoles, los nacionalistas vascos se garantizan no tener que aumentar la aportación de su Ejecutivo a las arcas del Estado. <strong>Hace cinco años el PSOE criticó ese mismo acuerdo por considerarlo discriminatorio</strong> con las demás regiones, un “cuponazo” al servicio de los intereses del Gabinete del PP que iba en contra del interés general del país. Se destacó en esa denuncia la hoy ministra de Hacienda y entonces consejera de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que ahora pasa a ser firmante del mismo. <strong>Bildu</strong>, la formación heredera del brazo político de ETA, con cinco diputados, también ha visto satisfechas sus exigencias en los últimos días al <strong>trasladar el Ministerio del Interior a cárceles del País Vasco</strong> a otros 11 terroristas que cumplían penas en otras provincias españolas. Apenas quedan 12 miembros de la banda que no están cerca de sus domicilios y, además, una treintena de los trasladados a prisiones vascas disfrutan ya del régimen de semilibertad. En el caso de <strong>Esquerra Republicana de Cataluña</strong> (13 diputados en el Congreso), Sánchez permite que el presidente de la Generalitat del mismo partido, Pere Aragonés, maniobre para <strong>no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al sistema educativo autonómico a incluir el castellano como lengua vehicular.</strong> Solo se trata de impartir un 25 por ciento de las asignaturas en el idioma común de los españoles, pero los independentistas se cierran en banda, solo admiten la enseñanza en catalán y quieren mantener la consideración del castellano como lengua extranjera, aunque sea la materna de la mitad de los catalanes. Pero ERC se ha reservado para los siguientes trámites presupuestarios otra exigencia: la rebaja de penas para el delito de sedición, el que cometieron sus jefes en la intentona separatista del 1 de octubre de 2017. A la insatisfacción permanente de los nacionalistas en general se sucede siempre la generosidad de Sánchez, más acusada estos días ante el hecho de que 2023 vaya a ser año electoral.
