Sánchez Amor (PSOE) pregunta a Bruselas sobre supuestas acciones policiales ilegales de China en España

Eduardo González El eurodiputado español Ignacio Sánchez Amor, del PSOE, ha elevado una pregunta a la Comisión Europea en relación con unas supuestas operaciones extraoficiales de las autoridades chinas en España y en otros Estados miembros que podrían dar lugar a violaciones de los derechos procesales y políticos de ciudadanos chinos huidos de la Justicia de su país y residentes en el exterior. La pregunta parlamentaria parte de las conclusiones del informe 110 OVERSEAS - Chinese Transnational Policing Gone Wild, de la ONG Safeguard Defenders, publicado el pasado mes de septiembre, según el cual las autoridades chinas se están valiendo de una red de “centros de servicios policiales en el extranjero” establecidos en medio centenar de países en el mundo para hacer regresar al país a presuntos fugitivos de la Justicia china. De acuerdo con el informe, la Policía de China, “en coordinación con la asociación de chinos en el extranjero, dirigida por entidades del Partido Comunista Chino”, ha establecido una serie de “estaciones de servicios policiales en el extranjero”, en particular en Europa, a través de la cual supuestamente habrían “persuadido” a cerca de 230.000 presuntos fugitivos chinos para hacerles regresar a su país. Como medio de presión, los responsables chinos utilizan a los familiares de los prófugos. Estos centros estarían distribuidos en numerosos países, incluidos algunos Estados miembros de la UE, como España, Portugal, Francia y Alemania, y sus operaciones se desarrollarían al margen de la cooperación policial y judicial bilateral oficial. Según la ONG, España es el país que reúne más centros, concretamente, nueve (tres en Madrid, tres en Barcelona, dos en Valencia y uno en Santiago de Compostela), una cifra que podría ser “muy superior” (hasta cinco veces superior) porque sólo se han detectado los centros relacionados con dos jurisdicciones, Fuzhou y Qingtian, de las que procede la mayoría de los chinos residentes en España. Aparte, el informe recoge que uno de los centros de Madrid ha colaborado con la Policía china para conseguir la detención de un sospechoso apellidado Liu, residente en España, que estaba buscado por contaminación ambiental en China y a quien se logró convencer para regresar a su país y entregarse a las autoridades el 14 de enero de 2020. Para “persuadirle”, las autoridades chinas, en coordinación con la Federación de Chinos de Ultramar del condado (COCF) y la Asociación de Ciudadanos de España de Qingtian (QHAS), mantuvieron con Liu una reunión por vídeo a la que asistió una familiar del sospechoso, quien aparece en el encuentro sentada junto a los funcionarios y con una etiqueta con su nombre y con el lema Representante de la familia. Violación de derechos y persecución a opositores Estas actuaciones policiales, según declaró Sánchez Amor a The Diplomat, no solo violan el Derecho Internacional (puesto que se hacen al margen de los países afectados y, por tanto, por encima del principio de soberanía nacional y de los procedimientos diplomáticos y de extradición), sino que vulneran los derechos de los procesados, quienes, en condición de residentes en España, están “protegidos por la Constitución y por la ley”. “Nadie puede ser requerido, retenido o perseguido por su país de origen en condiciones distintas a las de cualquier ciudadano español”, recordó. Asimismo, advirtió, “las autoridades chinas pueden considerar delincuentes a los opositores” y utilizar a sus familiares como “forma de presión” para obligarles a entregarse. “Este es un procedimiento habitual entre gobiernos autoritarios, entre China y Turquía, por ejemplo, pero no debe alcanzar a las democracias”, prosiguió Sánchez Amor, quien recordó, al respecto, la polémica que se produjo recientemente en Reino Unido por la presunta agresión a un hombre que participaba en una protesta frente al Consulado chino en Mánchester después de ser arrastrado al interior del complejo diplomático. Por todo ello, Sánchez Amor ha elevado una pregunta a la Comisión Europea, en su calidad de miembro de la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre Injerencias Extranjeras en todos los Procesos Democráticos de la UE, en la que insta al Ejecutivo comunitario a aclarar “qué credibilidad da la Comisión a este informe” y le pregunta, por una parte, si está “en contacto con las autoridades de los Estados miembros en relación con estas supuestas operaciones y la existencia de los llamados centros chinos de servicios policiales en el extranjero” y, por otra, y “en caso de autenticidad de la información, qué medidas tomará la Comisión para contrarrestar esta supuesta injerencia extranjera”. Fuentes del Ministerio del Interior citadas por el diario El Correo han asegurado que se están investigando estas informaciones, sin dar más detalles y sin aclarar si tenían conocimiento de estos hechos anteriormente. La Embajada de China no ha respondido a las preguntas del mismo periódico, aunque sí ha constatado que al menos dos de los negocios de Madrid señalados en el informe cooperan con la Policía china, concretamente, la redacción de un periódico digital y un bufete de abogados. Asimismo, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de China han confirmado bajo condición de anonimato la existencia de estas operaciones, que han justificado por la lentitud y la complejidad de los tratados bilaterales en materia de extradición.

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