<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>De nuevo desbordado por la oposición, esta vez por las rebajas de impuestos en el ámbito autonómico, el Gobierno ha improvisado sus propios anuncios en política fiscal. Pedro Sánchez recoge proyectos de Podemos que rechazaba este mismo verano y choca con los dirigentes regionales del PSOE que intentan congraciarse con las clases medias ante los comicios del próximo mes de mayo. </strong></h4> El presidente del Gobierno da otro <strong>bandazo a la izquierda para subir impuestos a “los ricos” y sólo admitir mínimas rebajas para una minoría de contribuyentes de rentas más bajas.</strong> En el complejo sistema fiscal español las comunidades autónomas tienen margen para fijar los mínimos y máximos del impuesto general sobre la renta (el IRPF) que tiene que aportar cada ciudadano. Al final, hay una diferencia de hasta 9 puntos en el tipo máximo. En Cataluña y la Comunidad Valenciana está en el 50 y el 54 por ciento de los ingresos personales, mientras en Madrid, en el otro extremo, se queda en el 45 por ciento. <strong>Ante la escalada de la inflación, los gobiernos autonómicos del PP, con el de Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, “deflactan” la tarifa de ese IRPF</strong> en los tramos de su competencia con el fin de aliviar la carga fiscal de toda la población. Mientras los precios se disparan y castigan en especial a las clases medias y bajas, el Estado bate todas las marcas de recaudación: un 18 por ciento más en el primer semestre del año que en el ejercicio anterior. Es el principio que manejan los dirigentes y gobernantes del Partido Popular para plantear las rebajas de impuestos con el fin de paliar los efectos de la inflación, el llamado impuesto de los pobres. Hasta la semana pasada el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazaba relajar la presión fiscal en cualquiera de sus modalidades y acusaba al PP de populismo fiscal y de poner en peligro “el estado de bienestar”. El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, suprimió en la región el impuesto sobre el patrimonio el pasado 20 de septiembre y desató <strong>un movimiento en cadena en varias comunidades autónomas de todo signo con impuestos menguantes que terminó por arrastrar al Gobierno central.</strong> Los anuncios de rebajas fiscales de los ejecutivos regionales cercaron al gabinete socialcomunista con un gobernante del propio PSOE como ariete destacado. Ximo Puig, presidente del gobierno regional de la Comunidad Valenciana, frente al argumentario de Sánchez, se apuntó a la moda de “deflactar” la tarifa del IRPF para rebajar sus tipos a los contribuyentes con ingresos inferiores a los 60.000 euros anuales, justo el que incluye a las clases medias. <strong>El ministerio de Hacienda, desbordado también por anuncios similares en el resto de las autonomías, tuvo que improvisar el viernes pasado algunos anuncios en la materia</strong>. Y dejó ver las diferencias de intereses y visión sociológica del país entre Sánchez y los presidentes regionales del PSOE como Puig: el Gobierno central sólo admite rebajas en el IRPF para las rentas más bajas, por debajo de los 21.000 euros, y excluye de cualquier alivio fiscal a las clases medias. <strong>Además de recargar la tarifa a los más ricos, un 0,1 por ciento de los contribuyentes según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo creó un impuesto nuevo sobre el patrimonio para toda España</strong>. Tres meses atrás lo había rechazado en el Congreso cuando lo propusieron sus socios de extrema izquierda. La portavoz parlamentaria del PSOE argumentó entonces en contra de la exigencia de Podemos que era ineficaz e invadía las competencias de las Comunidades autónomas que lo tienen cedido por ley desde 2009. Con ese giro Sánchez <strong>contentó al sector comunista del gabinete y abrió otro frente de conflicto con los gobiernos regionales del PP</strong> como los de Díaz Ayuso y el de Juan Manuel Moreno. Ambos anuncian recursos ante el Tribunal Constitucional por la invasión de competencias reconocida por los socialistas hace apenas tres meses. <strong>En el trasfondo político del caos fiscal agravado por el bandazo de Sánchez están los intereses electorales en juego de los dos grandes partidos ante las próximas citas con las urnas</strong>: en mayo próximo comicios autonómicos y a finales de año generales. El PP quiere concurrir con la promesa cumplida de bajar impuestos y algunos dirigentes del PSOE, con Puig a la cabeza, no quieren quedarse atrás en la búsqueda del favor de las clases medias. <strong>Sánchez prefiere garantizarse el apoyo de sus socios de extrema izquierda con medidas contra “los ricos”</strong> con la vista puesta en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que empiezan a tramitarse este mes y le garantizarán la continuidad en el poder hasta diciembre del próximo año. De paso, descarta cualquier guiño a las clases medias y cultiva su imagen más de izquierdas para las elecciones generales.
