La decisión ha sido taxativa y, por qué no, rápida en el tiempo. El juez archiva el caso de Silvia, fallecida meses después de una operación de estética. ¿Por qué? El magistrado considera que los médicos no cometieron ninguna imprudencia y que la joven falleció por una complicación no derivada de la intervención. Es, exactamente, lo que desde la clínica CEME se puso de relieve desde el minuto uno de un caso del que no pocos medios de comunicación hicieron un serial.
El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 46 decreta el archivo provisional del caso argumentando que la conducta de los profesionales investigados fue “ajustada a la lex artis”, tal y como ponía de relieve la pericial encargada por la defensa de CEME y revelada inicialmente por El Mundo Financiero.
El juez detalla que se han practicado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados: la muerte de Silvia Idalia Serrano el 31 de julio de 2022, tras permanecer ingresada desde el 6 de mayo por una infección que contrajo tras operarse de estética el 29 de abril en la clínica CEME.
La mujer, de 34 años, vivía en Palma y se trasladó a Madrid para operarse. En los días siguientes a la cirugía llamó y acudió presencialmente a consulta con los doctores que la operaron porque tenía molestias, hasta que una semana después acudió con síntomas graves y la derivaron al hospital La Paz, donde estuvo en coma inducido y donde falleció.
La Justicia concluye que del informe médico-forense practicado se desprende que Silvia Idalia falleció por un shock séptico debido “a una fascitis necrosante tipo I, caracterizada por la destrucción de los tejidos mediada por múltiples gérmenes”, que puede provocar la muerte “pese al correcto tratamiento instaurado (…) es una complicación no derivada de la intervención, sino de una condición fortuita tras una cirugía y que se considera como la más grave por su elevada mortalidad (… ) no existió defecto en el procedimiento quirúrgico ni en el tratamiento postquirúrgico que fue pautado”.
El magistrado también ha denegado la petición de los abogados de la familia de Silvia Idalia para que se unieran a este proceso las denuncias de otras diecinueve personas supuestamente afectadas por negligencias en Ceme. Al contrario: otro juzgado madrileño examina la denuncia de clínica Ceme contra varias supuestas afectadas por mala praxis a las que acusa de formar un grupo que ha vertido críticas contra la empresa con el fin de conseguir dinero, en un presunto caso de extorsión.
La pregunta es: ¿dónde quedan las mentiras y difamaciones de los medios de comunicación que provocaron el despido de un gran número de empleados de CEME y han provocado un daño reputacional considerable a la empresa? Aún más: ¿hasta dónde llegará hoy la cobertura de esos medios de comunicación? ¿Serán tan intensa, tan continuada en el tiempo y sensacionalista?
