<h6><b>Eduardo González</b></h6> <h4><strong>Los Estados miembros de la UE aprobaron ayer en Bruselas la propuesta de la Comisión Europea para aplicar un recorte lineal del 15% en el consumo de gas natural de todos los Estados miembros, pero incluyeron, entre las excepciones, a los países con “interconexiones limitadas” o con capacidades para almacenar y redirigir el gas “a otros Estados miembros”, como es el caso de España, que sólo deberá reducir su consumo en un 7%.</strong></h4> <strong> </strong> <strong>“¡Conseguido! Acabamos de alcanzar un acuerdo político que asegura una solidaridad efectiva en materia energética”</strong>, declaró el <strong>Ministerio para la Transición Ecológica</strong>, a través de su cuenta oficial de Twitter, al término del Consejo extraordinario de ministros de Energía de la Unión Europea. “Cada Estado miembro de la UE contribuirá según sus posibilidades y necesidades”, añadió el Departamento, que estuvo representado en Bruselas por <strong>la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.</strong> La propia Ribera confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo que se había llegado a un acuerdo para “lograr un ahorro de energía en torno al 7% o al 8% de nuestro consumo de gas”, una excepción que también favorecerá a Portugal. “Queremos seguir trabajando en una respuesta unida y solidaria”, pero “para que esa respuesta sea eficaz, es fundamental poder incorporar de forma flexible la manera en la que cada país puede contribuir a respaldar a sus vecinos de la UE”, declaró. Concretamente, <strong>los Estados miembros alcanzaron un acuerdo político para la reducción voluntaria de la demanda de gas natural en un 15% durante este próximo invierno</strong>, según informó el Consejo en un comunicado. El Reglamento del Consejo también prevé la posibilidad de activar una “alerta de la Unión” sobre la seguridad del suministro, en cuyo caso “la reducción de la demanda de gas pasaría a ser obligatoria”, prosiguió.<strong> “El propósito de la reducción de la demanda de gas es hacer ahorros antes del invierno para prepararse para posibles interrupciones de los suministros de gas por parte de Rusia, que está utilizando continuamente los suministros de energía como arma”</strong>, añadió. El Consejo aprobó así, con matices, <strong>la propuesta presentada el pasado 20 de julio por la Comisión Europea para reducir el consumo en un 15 % entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023</strong>, propuesta que fue abiertamente rechazada por Teresa Ribera. Uno de los matices introducidos por los Estados miembros es la voluntariedad en la aplicación de la medida, que sólo sería obligatoria en caso de que se activase la “alerta de la Unión”. El otro gran matiz tiene que ver con las “excepciones” aprobadas ayer por el Consejo en la reducción del 15% del consumo de gas “con el fin de reflejar las situaciones particulares de los Estados miembros”. Concretamente, <strong>quedarán exentos de estas reducciones los Estados que cuenten con “interconexiones limitadas con otros Estados miembros”, que “puedan demostrar que sus capacidades de exportación de interconexiones o su infraestructura nacional de gas nacional licuado (GNL) se pueden utilizar para redirigir el gas a otros Estados miembros” a través del mecanismo de solidaridad europea o que hayan superado sus objetivos de almacenamiento de gas. En función de estas excepciones -que incluirían, aunque sin mencionarla, a España-, el ahorro obligatorio para nuestro país (y para Portugal) sería de entre el 7%y el 8%, más o menos la mitad de la pretensión inicial de Bruselas.</strong> Precisamente, <strong>entre los argumentos esgrimidos en su día por Teresa Ribera para rechazar la propuesta de la Comisión figuran la capacidad de almacenamiento</strong> (la española “está en el 80% y la del resto de Europa en el 50% gracias a las inversiones acomedidas en los últimos 25 años”, que han ayudado a que España disponga “de más de un tercio de la capacidad de regasificación y almacenamiento de Europa”), <strong>las infraestructuras que permiten que España sea “la puerta de entrada de más del 30% del gas natural licuado de Europa”</strong> y el problemas de las <strong>interconexiones </strong>(“España lleva dos décadas pidiendo que se cumplan las obligaciones de interconexión”, a pesar de lo cual “ha habido una inacción de la UE” que convertido al país en “una casi isla energética”). Por ello, <strong>Ribera acudió ayer a Bruselas con sus propias contrapropuestas</strong>, en las que pidió al resto de Estados miembros que se tuvieran en cuenta las infraestructuras españolas y las exportaciones de gas efectuadas por nuestro país al resto de la Unión Europea en los últimos cinco años. Gracias a esta capacidad exportadora, y a las seis plantas regasificadoras en activo con que cuenta España (que representan un tercio de la capacidad de regasifición de toda la UE y un 44% del potencial de almacenamiento europeo de gas natural licuado), España podría cubrir al menos el 13% de los metros cúbicos de gas que pretende ahorrar la Comisión con su propuesta. <h5><strong>Sanciones a Rusia</strong></h5> Por otra parte, <strong>el Consejo prorrogó ayer en seis meses, hasta el 31 de enero de 2023, las medidas restrictivas dirigidas a sectores específicos de la economía de la Federación de Rusia</strong>. Estas sanciones, introducidas por primera vez en 2014 en respuesta a las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, se ampliaron significativamente desde febrero de 2022, a la luz de la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Actualmente consisten en un amplio espectro de medidas sectoriales, incluidas restricciones a las finanzas, la energía, la tecnología y los bienes de doble uso, la industria, el transporte y los bienes de lujo. Entre los invitados al encuentro de ayer en Bruselas se encontraba el ministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko.
